Cuando un país como Colombia sale de una guerra larga y dolorosa, no basta con firmar la paz ni con dejar las armas. Es necesario preguntarse: ¿qué se hace con tanto dolor, con tantas heridas abiertas? En ese contexto, creo que la justicia restaurativa es una forma distinta de entender la justicia, que no se enfoca solo en castigar, sino también en curar. Sanar a las víctimas, reconocer lo que vivieron y tratar de reconstruir lo que el conflicto rompió.
Lo que me parece valioso de este tipo de justicia es que cambia la lógica: deja de ser un Estado que se dedica únicamente a castigar a los responsables, y empieza a ser un Estado que también se compromete a reparar el daño. No es que los crímenes se perdonen o se olviden, pero sí que se mire más allá del castigo. Lo esencial es garantizar la verdad plena, que los responsables reconozcan su culpa, que se entreguen reparaciones —aunque sean simbólicas o materiales— y que como sociedad hagamos el compromiso de no repetir lo vivido. Para mí, eso no es dejar de hacer justicia, sino darle un nuevo sentido, más profundo, a esa justicia en tiempos de posguerra.
Claro, este tipo de justicia no es fácil de aceptar para todo el mundo. Estamos acostumbrados a que la justicia es castigo: quien hace daño, paga con cárcel. Y en parte eso es justo. La justicia tradicional, la llamada retributiva, dice que a cada crimen le corresponde una pena proporcional. Y eso le da seguridad a la sociedad. Pero cuando el daño es tan grande y colectivo, como en un conflicto armado, ese tipo de justicia a veces no alcanza. Yo creo que la justicia restaurativa no es para reemplazar la otra, sino para complementar. Porque hay dolores que no se curan solo con cárcel.
Por eso, lo importante no es escoger entre castigo o perdón, sino encontrar un punto medio. Una justicia que castigue lo necesario, pero que también abra la puerta al reconocimiento del daño, a la verdad y a la reparación. Si solo castigamos, nos quedamos en la venganza; si solo perdonamos, caemos en la impunidad. El desafío está en construir una justicia que sea firme, pero también humana. Que no repita el ciclo de odio, pero que tampoco olvide a quienes sufrieron.
En Colombia se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, con la idea de aplicar esta justicia restaurativa. Allí, los responsables de crímenes graves pueden obtener beneficios, pero solo si dicen toda la verdad, reparan a las víctimas y se comprometen a no volver a hacer daño. A mí me parece que esto, en el papel, es una buena idea: no se trata de soltar a nadie gratis, sino de exigir algo a cambio. Es una justicia condicionada. Si se cumple bien, puede ayudar a reconstruir algo del tejido social que se fracturó.
Ahora, el gran riesgo es que esto no se haga con seriedad. Si los responsables mienten, si no reparan de verdad, si las víctimas no son escuchadas, todo el sistema pierde credibilidad. La justicia restaurativa no puede ser una excusa para quedar bien ante el mundo, mientras en el fondo no se transforma nada. Por eso, creo que es clave que las reglas se respeten, que las víctimas estén en el centro y que se garantice que hay consecuencias para quienes no cumplan.
En toda esta discusión, hay cosas que, para mí, no se pueden negociar. Las víctimas tienen derecho a saber la verdad completa, a que su dolor sea reconocido y a que su dignidad sea reparada. Esto me lleva a pensar que esta forma de justicia puede ser una herramienta poderosa para construir una paz más duradera. Pero no puede tomarse a la ligera: tiene que ser vigilada, exigente y aplicada con responsabilidad. Porque, en contextos como el nuestro, donde el daño ha sido inmenso, la justicia no puede limitarse a castigar: también debe ayudar a sanar.
