En todo proceso de paz, el verdadero desafío no está solamente en desarmar a los actores del conflicto, sino en preservar la dignidad de las víctimas y el Estado de Derecho. Colombia, en su Acuerdo Final con las Farc, apostó por una justicia transicional que se presentó como fórmula pragmática para cerrar décadas de violencia. Sin embargo, en esa apuesta, los dilemas de la justicia negociada no tardaron en evidenciarse, sobre todo cuando la Corte Constitucional recordó que la paz no puede construirse vulnerando los derechos de quienes más han sufrido.
El primero surge de la tensión entre la necesidad política de terminar la guerra y la obligación moral y jurídica de garantizar verdad, justicia y reparación. La justicia restaurativa fue planteada como un camino innovador; en la práctica, terminó siendo una vía para flexibilizar de manera extrema las responsabilidades penales de los mayores perpetradores. La confesión parcial, las sanciones alternativas y la redefinición misma de los delitos graves pusieron en entredicho la seriedad del compromiso estatal con quienes sufrieron el conflicto.
Pero el más profundo aparece cuando la estructura misma del Estado es puesta en jaque. ¿Puede un acuerdo de paz, negociado entre el Ejecutivo y un grupo armado, reconfigurar principios esenciales de la Constitución? ¿Puede comprometer derechos fundamentales sin que intervengan los controles judiciales ordinarios?
La respuesta la dio, oportunamente, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-674 de 2017, cuando frenó un avance preocupante: la extensión desbordada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para juzgar a terceros civiles. Al delimitar esta competencia y proteger el principio del juez natural, la Corte no solo protegió garantías procesales básicas, sino que envió un mensaje contundente: ni siquiera en nombre de la paz pueden desconocerse los pilares del Estado de Derecho. Fue, en esencia, un recordatorio de que los derechos de las víctimas no son una moneda de cambio en las negociaciones políticas.
El alto tribunal, al imponer límites, no fue enemiga de la paz. Fue, por el contrario, defensora de una genuina: aquella que no ignora la necesidad de justicia, verdad y reparación. Porque si se construye a costa de los derechos de los sobrevivientes, lo que se firma no es un acuerdo de reconciliación nacional, sino apenas una tregua precaria que siembra nuevas injusticias y futuras violencias.
Ahora bien, para entender la dimensión real del desafío, es necesario mirar los puntos del proceso. El tránsito del Acuerdo General al Acuerdo Final estableció seis grandes compromisos: la Reforma Rural Integral, la Participación Política, el Fin del Conflicto, la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, la atención integral a las Víctimas, y la Refrendación, Verificación e Implementación del Acuerdo, bajo enfoques de derechos humanos, territoriales, diferenciales, étnicos y de género.
En materia de participación política, la realidad muestra que la apuesta por integrar a los excombatientes en la democracia no ha logrado el respaldo ciudadano esperado. Los senadores surgidos del partido Comunes —heredero político de las Farc— difícilmente lograrán reelegirse o ganar nuevas curules por voto popular, evidenciando el profundo rechazo social que aún generan. Más que una transición política exitosa, su presencia en el Congreso ha sido el resultado de compromisos pactados en La Habana, pero no de un verdadero mandato popular. En cuanto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), concebido para atacar las raíces sociales del narcotráfico, su ejecución ha sido un rotundo fracaso. La falta de apoyo efectivo a los campesinos, el incumplimiento de las promesas de sustitución y el recrudecimiento de la violencia en las zonas cocaleras terminaron por deslegitimarlo ante las comunidades, dejando intacto el problema estructural de las drogas ilícitas.
Para concluir, me permito plantearles preguntas inquietantes: si ya han naufragado estos dos puntos esenciales, ¿cuánta viabilidad real tienen los demás compromisos? ¿Se cumplirá cabalmente con la Reforma Rural Integral, la reparación efectiva a las víctimas o la consolidación del fin del conflicto?
