Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
No hemos digerido aun la condena al diario El Universo de Guayaquil por parte del "ciudadano" Correa y sus marionetas que obran a manera de jueces, su arrogante "perdón" al periódico y la explícita amenaza a quien se atreva a criticar a su caricaturesca satrapía, cuando acá en Colombia los frescos aires de libertad aparecen contaminados por el hedor de la censura velada: con la interesante coincidencia del titular de su columna (No más) con la del ecuatoriano (No más mentiras) y algunos contenidos, en 2008 el periodista Luis Agustín González arremetió duramente contra las aspiraciones de Leonor Serrano de Camargo, candidata en ese entonces a una curul en el Senado de la República.
Es de entender que las columnas de opinión expresan únicamente el pensamiento de quien las escribe, y mientras no haya afirmaciones calumniosas o denuncias formales, son simplemente la expresión formal de un sentir. Sí: es cierto que esos escritos deben ser respetuosos, y sobrepasar los límites del decoro por parte de quien opina es tan grave como coartar la expresión de un autor. Pero de ahí a castigar judicial o extrajudicialmente a alguien por expresar lo que piensa es un atentado a la libertad de expresión y una grave ofensa para cualquier democracia. El mencionado periodista escribió acerca de hechos ciertos y comprobables, tanto que fue eximido del cargo de calumnia, pero no así del de injuria.
"Para la defensa de González, -dice la Flip- ésta sentencia marca un grave precedente para la libertad de opinión en Colombia. La decisión desconoce los estándares internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y recordó que en una sociedad democrática, las personas que han decidido tener una mayor participación en el debate público, como la ex gobernadora Leonor Serrano, están más expuestas a la crítica.
En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población" (Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Kimel Vs Argentina). La Flip recuerda que en casos similares, las decisiones judiciales protegieron la libertad de opinión y el precedente judicial debe ser aplicado a todos los periodistas por igual."
Es lamentable que jueces sin criterio, de trémulos calzones se presten para atentar contra el libre pensamiento y la denuncia abierta, jugando a favor de la ignominia y la represión. Es triste: los extremos se atraen y terminan confundiéndose en una penosa amalgama de disparates que atropellan a todo lo que se ponga por delante.
Y ahí no para el tema. La sentencia de la Procuraduría contra el periodista y exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, es parte de la agenda política de ese ente de control. Todo indica que Salazar, al adelantar el proyecto Clínica de la Mujer, se hizo candidato a la "excomunión" y persecución por parte del Procurador General y, desde luego, víctima del fundamentalista Ordoñez; tal como lo habían anticipado extraoficialmente, Salazar es víctima de una condena atroz en la que se camufla el castigo a la denuncia que hizo el exmandatario contra el candidato Luis Pérez, que está en los afectos políticos del jefe del Ministerio Público. De hacer carrera esta forma de censura que usa las vías legales pero no el derecho ni la justicia, pronto tocará cerrar los medios que no se arrodillen y encarcelar a quienes osen contradecir el pensamiento de quienes, desde la sombra, pretenden retornar los brujos al poder, a regresar a la agenda medieval que pretende perpetuarse en el poder, a imponer cerradas escuelas… ¿de pensamiento?
Apostilla. Hay funcionarios públicos que incomodan al país político y otros que avergüenzan al país nacional. Por ejemplo, en el primer caso, la recién "renunciada" Fiscal, Vivian Morales tocó los intereses de ciertos grupos políticos fundamentalistas, lo que condujo a un arrogante ataque que finaliza con su salida del ente de control para alegría de unos pocos y consternación de la inmensa mayoría de colombianos; su labor queda como ejemplo para los siguientes fiscales que ya no podrán soslayar alegremente sus responsabilidades frente al país. El presidente Santos tiene el reto de nominar una terna seria, de solidez jurídica y ajena a esos juegos de poder.
En el segundo, un Procurador General de la Nación con una agenda religiosa definida basada en sus propias creencias místicas lo cual, además de coartar los derechos de los ciudadanos, impone por encima de la legislación nacional una creencia religiosa minoritaria y retardataria que irrespeta la fe de la mayoría de los colombianos, independientemente de la religión que profesen, en claro atropello a la Constitución vigente.
El credo en vez de la ley; Domingo de Guzmán en vez de Voltaire; la férula inquisidora que sustituye espacios de librepensamiento; el Sacro Imperio en vez de Al-Ándalus o Woodstock, como si el péndulo de la historia fuese detenido en su recorrido por el imán del pensamiento del Medioevo.
El respeto mutuo al pensamiento ajeno determina el grado de civilización de una sociedad, lo que en una nación evolucionada se traduce en libertad y tolerancia. La fe y la moral es un asunto individual; la ética y la Ley, por el contrario, son temas del colectivo, cuestiones de toda la sociedad; aquellas jamás pueden sustituir a éstas.