El Estado es una organización política soberana, con instituciones permanentes que ejercen autoridad sobre un territorio definido y su población. El país, es una noción geográfica y cultural, más amplia y flexible, que alude a una comunidad organizada en un espacio delimitado. Finalmente, la nación es un concepto más identitario: es el conjunto de personas que comparten una historia, una cultura, una lengua o un sentimiento de pertenencia común.
En el caso de Venezuela, el Estado ha sido secuestrado por un grupo de personas que utiliza sus instituciones para perpetuarse en el poder, violando sistemáticamente los derechos humanos y bloqueando cualquier forma de alternancia democrática. En este contexto, es la nación la que podría liderar el proceso de recuperación de la democracia. En estos casos, son los pueblos los que, organizados y empoderados, pueden activar mecanismos internos y externos para detener la tiranía.
Sin embargo, para lograrlo, esa nación requiere aliados internacionales que no se limiten a la diplomacia tibia o a la condena simbólica. Ahí es donde entra el papel de la Corte Penal Internacional (CPI). Fundada sobre el principio de justicia universal y la complementariedad, la CPI fue creada para investigar y juzgar los crímenes más graves cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo. En Venezuela, el aparato judicial y legislativo están sometidos al poder del Ejecutivo; por tanto, los crímenes de lesa humanidad siguen sin respuesta.
Entonces, la nación venezolana puede resistir, pero necesita una justicia internacional que le dé garantías reales. Porque cuando el Estado está podrido y el país ha sido fracturado por el hambre, la represión y el exilio, es la nación la que sobrevive en la esperanza, y para eso se requiere hechos, no solo palabras. La CPI tiene la responsabilidad histórica de convertirse en garante, investigando, acusando y juzgando a quienes hoy se creen intocables.
En el marco de la justicia penal internacional, Venezuela representa hoy uno de los mayores retos para la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y para la eficacia del Estatuto de Roma. Este Estado ha demostrado, de manera sistemática, su incapacidad y falta de voluntad para garantizar justicia ante graves violaciones dejando a las víctimas atrapadas en un aparato judicial politizado, represivo y altamente ineficaz.
Propuestas concretas ya han sido planteadas desde la sociedad civil, la academia y algunos actores institucionales: mecanismos de auditoría judicial internacional, protocolos de evaluación previa de sistemas judiciales y una confianza condicionada basada en resultados verificables. Estas herramientas permitirían detectar, prevenir y corregir las deficiencias estructurales del sistema judicial capturado por intereses de políticos corruptos.
De hecho, si la Nación no actúa con decisión seguirá siendo rehén del autoritarismo. Para esto, la CPI debe asumir el liderazgo de la comunidad internacional. Solo así el pueblo encontrará respaldo en su lucha para restaurar la dignidad, la justicia y la posibilidad de reconstruir su país. Considero que el Estado venezolano se convirtió en un nuevo fracaso del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Por eso, esta alta Corte tiene ante sí una oportunidad histórica: redefinir su rol en un mundo donde los principios deben ser más que consignas. Actuar ahora es un imperativo moral y jurídico. La justicia, como lo expresó Kofi Annan, no puede esperar.
Venezuela, una nación próspera, con una economía pujante y considerada la más rica de Suramérica, ha sido llevada en apenas 26 años a una situación de pobreza estructural y degradación social sin precedentes. Lo que alguna vez fue ejemplo de desarrollo y progreso hoy es símbolo de exilio, hambre y desesperanza. ¿Cómo se explica que un país con tal riqueza haya caído tan profundamente en la miseria? La respuesta está en la captura del Estado por una élite política que ha desmantelado las instituciones, reprimido a su población y convertido la justicia en una herramienta de persecución. Frente a esta realidad, la pregunta no es si la comunidad internacional debe intervenir, sino: ¿por qué ha tardado tanto?
