He considerado muchas veces que, aunque esta carta política representó un avance significativo al consolidar un Estado Social de Derecho, su aplicación ha estado lejos de cumplir con sus promesas. En la práctica, las desigualdades, la corrupción y la falta de acceso a derechos fundamentales han puesto en entredicho su verdadera eficacia.
Desde mi punto de vista, esta Carta Magna se fundamenta en principios superiores que, en teoría, deberían garantizar una sociedad más justa y equitativa. Entre ellos, el Estado Social de Derecho, la soberanía popular, la dignidad humana, la igualdad, la separación de poderes y la protección del medio ambiente son pilares esenciales. Sin embargo, aunque están plasmados en el papel, su cumplimiento real deja mucho que desear.
Por ejemplo, la igualdad formal establecida en el Artículo 13 es una promesa vacía para millones de colombianos que siguen siendo víctimas de un sistema que favorece a unos pocos y margina a la mayoría. Se supone que el Estado debe garantizar condiciones para que todos tengan los mismos derechos y oportunidades, pero la realidad es que el acceso a la educación, la salud y la justicia depende de la clase social y el lugar de nacimiento. Es inaceptable que en pleno siglo XXI existan territorios en Colombia donde la presencia del Estado es prácticamente nula, dejando a su suerte a comunidades enteras que viven en condiciones indignas.
Asimismo, la separación de poderes, contemplada en el Artículo 113, debería ser un mecanismo de control para evitar los abusos del Estado. No obstante, en la práctica, el Ejecutivo sigue acaparando gran parte de la autoridad política, mientras que el Legislativo y el Judicial han sido cooptados por intereses partidistas y económicos. La corrupción, los pactos clientelistas y la falta de independencia de las instituciones han convertido esta separación en una mera formalidad que disfraza la concentración del dominio gubernamental.
Por otro lado, la soberanía popular y la democracia participativa, claves en el sistema político, han sido manipuladas para mantener una estructura de poder elitista. Se han creado mecanismos de participación ciudadana como el referendo y la revocatoria del mandato, pero su aplicación real es mínima o está diseñada para favorecer a quienes ya lo ostentan. La ciudadanía es llamada a votar cada cuatro años, pero en la práctica sus decisiones son ignoradas por quienes gobiernan.
Además, el principio de protección del medio ambiente, consagrado en el Artículo 79, ha sido una de las mayores mentiras constitucionales. Aunque en teoría el Estado tiene el deber de garantizar un desarrollo sostenible, en la práctica, los gobiernos han permitido la devastación de los ecosistemas por parte de multinacionales y sectores industriales sin escrúpulos. La destrucción de la Amazonía, la contaminación de los ríos y la minería descontrolada son pruebas de que la Constitución es ignorada cuando afecta los intereses económicos de unos pocos.
A pesar de todo esto, hay algunos que defienden que es justa porque fue elaborada por una Asamblea Constituyente legítima y ha regido el país durante más de tres décadas. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, la justicia de una norma no solo se mide por su existencia, sino por su impacto real en la sociedad. De nada sirve tener un marco normativo que enaltece la dignidad humana, si en la realidad el acceso a derechos sigue siendo un privilegio para unos y un imposible para otros.
Para concluir, la Ley Superior de Colombia es una gran declaración de principios y derechos, pero una decepcionante realidad en su ejecución. No basta con que las normas sean legítimas si su aplicación es selectiva, ineficiente y corrupta. La Constitución ha sido utilizada como un instrumento de legitimación del poder, permitiendo a las élites perpetuar un sistema de desigualdades estructurales. El gran reto no es solo reformarla, sino lograr que, por primera vez, el Estado colombiano tenga la voluntad real de hacerla cumplir. De lo contrario, seguirá siendo un documento venerado en el discurso, pero ignorado en la realidad.
