La consulta popular en Colombia ha sido un mecanismo de participación ciudadana que, aunque reconocido en la Constitución de 1991, ha tenido escasas convocatorias a nivel nacional.
Uno de los antecedentes más significativos fue el plebiscito de 1957, donde se aprobó el Frente Nacional, un acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador para alternarse en el poder y estabilizar el país tras una década de violencia. Posteriormente, en 1990, el movimiento estudiantil conocido como la Séptima Papeleta impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que derivó en la Constitución de 1991. En 2016, se llevó a cabo un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con las Farc, el cual, sorpresivamente, fue rechazado. Además, en 2018, se realizó la consulta popular anticorrupción, que, a pesar de obtener una mayoría abrumadora de votos por el “Sí”, no alcanzó el umbral de participación requerido para su aprobación. Estos eventos reflejan la complejidad y los desafíos de implementar mecanismos de democracia directa en el país.
En Colombia, la protesta social es una de las expresiones más visibles de la actividad política. Marchar y contramarchar se han convertido en estrategias recurrentes de distintos sectores para posicionar sus posturas frente a decisiones gubernamentales o coyunturas políticas. Sin embargo, la movilización en las calles no es el único mecanismo que la democracia ofrece para que la ciudadanía incida en el rumbo del país. Existen instrumentos jurídicos como la consulta popular, el referendo y el plebiscito, diseñados para garantizar la participación ciudadana en decisiones de trascendencia.
La consulta popular, regulada por el Artículo 103 de la Constitución y desarrollada en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, permite que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de interés general. En teoría, este mecanismo fortalece la democracia directa al permitir que los ciudadanos decidan sobre políticas o proyectos que los afectan. No obstante, en la práctica, su uso ha sido objeto de controversia, especialmente cuando se pretende instrumentalizarla con fines políticos.
Uno de los requisitos esenciales para que una consulta popular sea válida es que sus preguntas sean claras, neutrales y respondidas con un simple sí o no. Pero la historia reciente muestra cómo ciertos sectores buscan manipular la opinión pública a través de consultas que no buscan realmente el bienestar colectivo, sino legitimar decisiones ya tomadas o polarizar aún más el debate nacional.
El papel de la Corte Constitucional es clave en este proceso, pues debe garantizar que la consulta no vulnere la Constitución ni se convierta en un mecanismo para el revanchismo político. Sin este control, podría ser utilizada como un arma para deslegitimar el equilibrio de poderes, obstaculizar reformas o alimentar narrativas populistas que poco tienen que ver con el interés general.
En este contexto, el plebiscito y el referendo también han demostrado su potencial y sus riesgos. Mientras el plebiscito es convocado por el presidente para obtener respaldo ciudadano sobre decisiones de trascendencia, el referendo busca aprobar o derogar normas mediante el voto popular. Ambos han sido usados en Colombia con resultados que generan tanto esperanza como escepticismo.
La consulta popular no puede ser un atajo para presionar decisiones por parte del Ejecutivo a las demas ramas del poder público ni un espectáculo de polarización. Si queremos una democracia verdaderamente participativa, debemos fortalecer la cultura política, garantizar debates informados y exigir que estos mecanismos sean usados con responsabilidad y no como una estrategia de oportunismo electoral.
En una sociedad democrática, la voz del pueblo debe ser escuchada, pero no manipulada. La movilización en las calles y la consulta en las urnas deben ser expresiones genuinas de la voluntad ciudadana, no instrumentos de cálculo político. La democracia no puede reducirse a marchas ni a consultas amañadas, sino que debe sustentarse en instituciones fuertes, debates abiertos y ciudadanos informados. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la participación en un simple espectáculo de poder, más cercano a la imposición que al verdadero ejercicio democrático.
