Estoy convencido de que la educación es una piedra angular del desarrollo humano y social, y que, por eso, es reconocida como un derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia. En este sentido, en el artículo 67 se establece que es un derecho y un servicio público con una función social, orientada al acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores éticos.
Por ende, la Ley General de Educación —Ley 115 de 1994— desarrolla este precepto, subrayando la importancia de la gratuidad y el acceso universal como pilares del sistema educativo. No obstante, esta garantía enfrenta una creciente presión por la falta de financiación adecuada, lo que amenaza su efectividad y accesibilidad.
Mientras la Unesco dedica el Día Internacional de la Educación — vienes 24 de enero— a la inteligencia artificial (IA) como una herramienta que promete transformar el aprendizaje, en Colombia la realidad enfrenta una encrucijada crítica. La Universidad de Antioquia (UdeA), una de las principales instituciones públicas del país, se encuentra en paro estudiantil debido a su alarmante desfinanciamiento. Este conflicto no solo pone en evidencia las falencias estructurales del sistema educativo, sino que también revela las tensiones entre las oportunidades tecnológicas globales y las necesidades básicas no resueltas en contextos locales.
La Unesco, plantea que la IA tiene el potencial de revolucionar la educación al complementar, no reemplazar, las dimensiones humanas y sociales del aprendizaje. Sin embargo, este solo puede materializarse si los Estados garantizan principios éticos claros y recursos adecuados para su implementación. En Colombia, donde más del 60% de las instituciones educativas carecen de conectividad a internet y las universidades públicas enfrentan déficits financieros crónicos, hablar de inteligencia artificial puede parecer un lujo distante.
La falta de recursos pone en jaque la misión educativa. La universidad pública, que durante décadas ha sido un motor de movilidad social y conocimiento enfrenta una crisis que compromete su funcionamiento y pone en riesgo el acceso a la educación superior de miles de colombianos. Este escenario contrasta con la narrativa de avances tecnológicos en la educación, donde la IA ya se emplea para personalizar aprendizajes y optimizar la enseñanza.
La Unesco destaca la necesidad de equilibrar las inversiones en inteligencia artificial con el fortalecimiento de los sistemas educativos tradicionales. Destaco que es esencial que estas tecnologías no se conviertan en un pretexto para desviar recursos de las necesidades fundamentales, como la infraestructura escolar, la formación docente y el acceso equitativo. Por eso, intuyo que en Colombia, el principio de precaución debería guiar las políticas educativas, asegurando que la IA no agrave las desigualdades existentes, sino que sea una herramienta para democratizar el conocimiento.
La Constitución de 1991 nos recuerda que la educación debe ser accesible y de calidad, con el Estado como garante de su cumplimiento. Pero, la situación de la UdeA cuestiona el compromiso estatal con este mandato. Si bien el avance tecnológico es ineludible, resulta imperativo que se priorice la financiación de su sistema educativo como base para integrar la IA de manera responsable y efectiva.
La paradoja radica en la coexistencia de oportunidades globales, como la inteligencia artificial, y carencias locales, como el desfinanciamiento crónico de las universidades públicas. La UdeA, en paro estudiantil, se convierte en un símbolo de esta tensión y un recordatorio de que no puede haber innovación sin una base sólida de equidad y calidad educativa.
También lo estoy de que una nación que aspira a superar sus problemas y construir un futuro más justo y próspero debe colocar la educación en el centro de su proyecto social. Esta no solo forma individuos capaces de afrontar los desafíos del mundo contemporáneo, sino que también fomenta valores como la solidaridad, la equidad y el respeto por los derechos humanos. Un país que invierte en el conocimiento de su gente, invierte en soluciones a largo plazo para la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Sin una ciudadanía educada, no es posible transformar las estructuras que perpetúan los conflictos y las injusticias.
