La declaración de conmoción interior por parte del presidente Gustavo Petro para enfrentar la grave crisis de seguridad pública en Colombia marca un punto de inflexión en su administración.
Esta medida excepcional, prevista en el artículo 213 de la Constitución, permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para preservar el orden público. Sin embargo, su aplicación en este caso no solo refleja el colapso de una política de seguridad, sino también el incumplimiento de promesas que marcaron su camino hacia la Presidencia.
Durante la campaña presidencial afirmó que, bajo su gobierno, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desmovilizaría y firmaría la paz. Estas declaraciones resonaron entre un electorado cansado de la violencia y deseoso de un cambio. Sin embargo, casi dos años después, la realidad es opuesta. El grupo guerrillero no solo no se ha desmovilizado, sino que ha fortalecido su control territorial y su capacidad operativa, poniendo en jaque al propio gobierno.
Aunque el presidente se otorga facultades extraordinarias para legislar por decreto, suspendiendo temporalmente algunas garantías constitucionales en aras de restablecer el orden público, durante su carrera política fue un crítico vehemente de los estados de excepción, argumentando que se trataban de herramientas autoritarias para concentrar poder en el Ejecutivo. Hoy, sin embargo, recurre a esta figura en un contexto de evidente desgaste político y de incapacidad para cumplir sus promesas de campaña.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la Sentencia C-070 de 2009, establece que la declaración de conmoción interior debe estar basada en una amenaza real, grave e inminente, que no pueda ser contenida mediante las herramientas legales ordinarias. Si bien el contexto actual cumple con varios de estos criterios, la pregunta clave es si tendrá un impacto real en la resolución del conflicto, o si simplemente es un intento desesperado de recuperar el control frente a una crisis de legitimidad.
El fracaso de las políticas de paz y seguridad no puede analizarse sin considerar las decisiones del gobierno que han debilitado las capacidades del Estado. La salida masiva de altos mandos militares, la desarticulación de la inteligencia militar y la percepción de permisividad hacia los grupos ilegales han contribuido al fortalecimiento de actores armados. Estas decisiones, justificadas en su momento como una renovación institucional han tenido consecuencias directas sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en zonas estratégicas.
El ELN, lejos de mostrarse como un actor dispuesto a negociar la paz, ha aprovechado estas debilidades para desafiar al gobierno, controlando corredores estratégicos del narcotráfico y disputando territorios con otros grupos armados. Esto pone en evidencia una contradicción fundamental en la política de Paz Total: mientras el gobierno insiste en el diálogo, los grupos ilegales avanzan en su consolidación militar y económica.
Afortunadamente, la emisión de decretos legislativos bajo esta figura estará sujeta al escrutinio de la Corte Constitucional, que deberá garantizar que se respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
El señor presidente, quien llegó al poder con la promesa de ser un pilar de paz y reconciliación, ahora se enfrenta al desafío de justificar una decisión que, para muchos, contradice los principios que defendió durante su campaña. La percepción de que su gobierno ha sido rebasado por la violencia y la incapacidad para cumplir sus promesas puede tener efectos duraderos sobre su legitimidad.
Esta decisión no solo refleja la gravedad de la crisis de seguridad en Colombia, sino también las contradicciones y limitaciones de un gobierno que prometió una paz rápida y duradera. El fracaso de las negociaciones con el ELN y el fortalecimiento de los grupos armados son un recordatorio de que la paz no puede construirse únicamente sobre promesas y concesiones, sino que requiere de un Estado fuerte, coherente y capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
La paz, lejos de ser una promesa de campaña, es un proceso complejo que exige decisiones responsables y sostenibles. De lo contrario, esta crisis institucional de seguridad será recordada no como una solución, sino como un síntoma del fracaso gubernamental.
