El Cuadernillo 16 de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dedicado a la libertad de pensamiento y expresión, ofrece un marco fundamental para entender la relevancia de este derecho en las democracias de América Latina. No obstante, su análisis me invita a reflexionar sobre las complejas interacciones entre los poderes públicos y los medios de comunicación.
Destaca que la libertad de expresión, protegida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene una doble dimensión: individual y colectiva. Esta perspectiva subraya que, más allá del derecho individual de emitir opiniones, existe un interés colectivo en recibir información, esencial para el pluralismo y la formación de una opinión pública crítica.
Uno de los aportes más significativos es su énfasis en el rol de los medios de comunicación y el periodismo como instrumentos esenciales de la libertad de expresión. Casos como Granier y otros vs. Venezuela, sobre el cierre de Radio Caracas Televisión, ilustran los peligros de la censura estatal y la instrumentalización del poder para silenciar voces críticas. En estos casos, la Corte establece estándares claros: los periodistas y columnistas deben gozar de independencia y protección frente a cualquier intento de coacción o represalia.
Sin embargo, podría haber profundizado más en los desafíos actuales del periodismo, incluyendo el sesgo ideológico en los medios, la concentración del poder mediático y el impacto de las plataformas digitales en la difusión de información. Además, no aborda suficientemente el impacto de las campañas de desinformación y la manipulación mediática como estrategias políticas para erosionar la confianza en el periodismo.
En Colombia, el actual gobierno enfrenta tensiones significativas con los medios de comunicación, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de los estándares internacionales en contextos políticos complejos. El señor presidente Petro, desde su llegada al poder, ha denunciado públicamente lo que considera un sesgo en los grandes medios contra su administración. Estas críticas han sido interpretadas por algunos como un intento de señalar los desequilibrios mediáticos, pero por otros como una estrategia para intimidar al periodismo crítico.
Casos recientes de confrontación, como el señalamiento del caso Pegasus, las acusaciones hacia ciertos medios de difundir noticias falsas o desinformación, revelan una relación tensa entre el Ejecutivo y el periodismo. Si bien es legítimo que un presidente critique la cobertura mediática, esto debe hacerse con base en estándares que no restrinjan ni deslegitimen la labor de los periodistas ni columnistas. Aquí es donde los principios de la Corte IDH sobre pluralismo, tolerancia y límites a las restricciones adquieren una relevancia crítica.
Un aspecto fundamental de la libertad de expresión que merece mayor atención es el rol de los columnistas en el fortalecimiento de las democracias. Estos, como actores clave en los medios de comunicación, no solo informan, sino que interpretan y opinan sobre los acontecimientos políticos, sociales y económicos. Esta función permite enriquecer el debate público, exponiendo diferentes perspectivas sobre las decisiones estatales y los problemas de interés colectivo. Sin embargo, esta influencia tiene un doble filo: mientras algunos columnistas contribuyen al pluralismo al cuestionar las acciones del gobierno, otros pueden legitimar sus políticas o incluso desinformar para favorecer agendas específicas.
Por un lado, las columnas críticas son esenciales para la rendición de cuentas, ya que cuestionan la autoridad estatal y promueven un análisis más profundo de las políticas públicas. Por otro, las favorables al gobierno pueden consolidar apoyo en sectores específicos, siempre que estén basadas en argumentos sólidos y no en propaganda. Sin embargo, cuando caen en la desinformación o el ataque personal, los lectores pueden ser manipulados, perdiendo la capacidad de formar una opinión autónoma y razonada. Así, los columnistas no solo ejercen su derecho a la libertad de expresión, sino que tienen la responsabilidad de garantizar que su labor contribuya al fortalecimiento de la democracia y no a su erosión.
No olvidemos que, en el mundo, cuando un gobernante ve la oportunidad de volverse tirano, lo primero que hace es censurar y cerrar los medios de comunicación.
