La administración de justicia en Colombia se ha enfrentado históricamente a problemas de ineficiencia, congestión judicial y falta de acceso oportuno a los procesos. En este sentido, resulta innegable que la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial puede optimizar significativamente la gestión judicial.
Como lo establece el Acuerdo PCSJA24-12243, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, la IA podrá ser utilizada en tareas como la organización documental, la identificación de líneas jurisprudenciales, la síntesis de sentencias y la transcripción de audiencias. Estas funciones, que tradicionalmente consumen tiempo y recursos, permiten que los jueces y demás funcionarios concentren su atención en el fondo de los asuntos jurídicos.
En particular, el uso en procesos judiciales puede mejorar notablemente la eficiencia en la gestión de los despachos. La posibilidad de automatizar la organización de agendas, la clasificación de documentos o proyección de fallos supone una verdadera revolución tecnológica que, bien aprovechada, reducirá la carga laboral y permitirá responder con mayor celeridad a las demandas ciudadanas.
Asimismo, este acuerdo es una respuesta concreta a las tendencias internacionales que buscan regular el uso de la inteligencia artificial en ámbitos tan sensibles como la justicia. Al establecer principios claros, como la primacía de los derechos fundamentales, la supervisión humana y la protección de datos personales, el alto tribunal envía un mensaje firme: la tecnología no puede vulnerar la dignidad humana ni sustituir la racionalidad jurídica. Es evidente que la regulación no solo es oportuna, sino también imprescindible para evitar abusos y vacíos normativos que podrían generar arbitrariedades.
No obstante, en la Rama Judicial también trae consigo desafíos que no deben ser subestimados. En mi criterio, uno de los riesgos más preocupantes es la reproducción de sesgos discriminatorios. Como bien lo señala el Acuerdo, los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y otros algoritmos aprenden de datos históricos, y pueden no ser imparciales. En consecuencia, podría perpetuar prejuicios relacionados con raza, género, etnia o clase social, generando resultados injustos y socavando la confianza en la justicia.
Además, existe el peligro de que genere una automatización excesiva en la toma de decisiones judiciales. Si bien se establece con claridad que las herramientas tecnológicas no pueden sustituir la valoración probatoria ni la motivación de las decisiones judiciales, en otros contextos internacionales se ha observado cómo la dependencia en algoritmos puede socavar la autonomía del juez. Entonces, debe ser vista como un apoyo, pero nunca como un reemplazo de la capacidad humana para interpretar la ley en contextos específicos y complejos.
En esto, los abogados desempeñaremos un rol fundamental en la implementación efectiva de estos lineamientos y en la incorporación de la IA en el ejercicio profesional. En primer lugar, cambiará radicalmente la dinámica del litigio y la práctica jurídica. Los abogados debemos adaptarnos al uso de estas herramientas tecnológicas para optimizar nuestra labor en tareas como la búsqueda jurisprudencial, la redacción asistida de textos y la preparación de alegatos, aprovechando para procesar y sintetizar grandes volúmenes de información.
Sin embargo, esta misma tecnología exigirá que los profesionales del derecho desarrollemos nuevas habilidades críticas. No solo debemos comprender el funcionamiento de las herramientas sino también cuestionar sus resultados.
Para concluir, el Acuerdo PCSJA24-12243 es, sin lugar a dudas, un avance significativo hacia la modernización de la justicia colombiana. A favor, se destaca la posibilidad de optimizar procesos administrativos y judiciales, reduciendo la congestión y mejorando el acceso oportuno a la justicia. Además, la adopción de lineamientos claros refleja un esfuerzo por alinear la tecnología con los valores constitucionales y los derechos humanos, estableciendo límites precisos para evitar su uso indebido.
En contra, la reproducción de tendencias y la automatización excesiva plantean desafíos éticos y prácticos que no pueden ignorarse. Debe ser una herramienta complementaria y no una sustituta del razonamiento humano, pues la esencia de la justicia radica en la capacidad del juez y del abogado para valorar contextos, interpretar la ley y garantizar equidad.
