Aún hoy, en la Colombia profunda que firmó un acuerdo con las Farc y sometió a los paramilitares se vive el cobro de vacunas por parte de grupos delincuenciales que aprovechan la ausencia eterna del Estado.
Por lo anterior, es importante abrir un debate sobre la provisión de seguridad y las propuestas de involucrar a los civiles en funciones propias de la fuerza pública. Es crucial profundizar en las implicaciones históricas, éticas y sociales de estas medidas, especialmente en un país donde el surgimiento de los paramilitares y la fragmentación del monopolio estatal de la fuerza han dejado huellas y cicatrices profundas en la sociedad.
El contexto actual, marcado por iniciativas como los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empas) y los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera de Fedegán, remite inevitablemente a momentos históricos en los que el Estado permitió, y en ocasiones fomentó, la colaboración activa de civiles en labores de seguridad. Estas propuestas, bajo la justificación de responder a una sensación de inseguridad es un mecanismo que ha perpetuado violaciones sistemáticas de derechos humanos y erosionado la legitimidad del Estado.
Un ejemplo emblemático es el surgimiento de las Convivir en los años noventa, promovidas bajo el Decreto 356 de 1994 como cooperativas de seguridad privada. Aunque inicialmente se justificaron como una herramienta para fortalecer la seguridad local se convirtieron en un brazo del paramilitarismo. El informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica documenta cómo estas cooperativas fueron utilizadas por grupos armados ilegales para perpetrar masacres y desplazamientos forzados, perpetuando crímenes de lesa humanidad. Está mas que demostrado cómo la delegación de funciones estatales en actores privados puede degenerar en una violencia descontrolada.
El impacto de estas políticas no se limita a los hechos puntuales de violencia. La proliferación del paramilitarismo fracturó la confianza en las instituciones del Estado, especialmente en regiones rurales donde estas organizaciones actuaron con la connivencia de autoridades locales y nacionales. Además, el daño a la cohesión social es incalculable: comunidades enteras fueron estigmatizadas, desplazadas o sometidas al control de actores armados que operaban bajo la fachada de la legalidad.
Hoy, revivir modelos similares amenaza con perpetuar dinámicas de exclusión y criminalización, y pone en peligro principios esenciales de un Estado de derecho. La seguridad no puede ser entendida como un fin absoluto que justifique cualquier medio. Adicionalmente, la participación activa de civiles en labores de seguridad plantea interrogantes éticos y jurídicos sobre el monopolio legítimo de la fuerza estatal. En un Estado de derecho, la provisión de seguridad debe estar exclusivamente a cargo de instituciones profesionalizadas que actúen bajo principios democráticos. Lo contrario abre la puerta a abusos, corrupción y violaciones masivas de derechos humanos.
Estas propuestas también desatienden las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la exclusión social y la falta de acceso a la justicia. Colombia atraviesa un momento crítico de reconciliación y construcción de paz en el que fortalecer las instituciones debe ser una prioridad. Medidas como las promovidas por el gobernador de Antioquia y Fedegán, lejos de contribuir a este objetivo, agravan las tensiones sociales y desvían la atención de las políticas necesarias para reparar el tejido social.
Además, estas iniciativas no son ajenas a un trasfondo político que utiliza la inseguridad como herramienta para ganar legitimidad y por esto se desatienden problemas estructurales más profundos, como la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de la fuerza pública y garantizar su actuación bajo estándares internacionales de derechos humanos.
En síntesis, no se puede justificar un retorno a políticas que han demostrado ser dañinas para la sociedad colombiana. Aún en los territorios rurales donde grupos delincuenciales cobran “vacunas” para proveer una seguridad que el Estado no garantiza, es claro que la solución no pasa por armar a la ciudadanía ni revivir esquemas que ya fracasaron. En lugar de replicar modelos del pasado, es necesario construir un enfoque de seguridad que respete los principios democráticos, fortalezca las instituciones y priorice la justicia social.
