En Colombia, el matrimonio ha sido más que un contrato social: ha sido un símbolo de permanencia, estabilidad y sacrificio, pero también un reflejo de las imposiciones morales de una sociedad que, por décadas, vinculó sus normas legales a la religión y al control de las decisiones individuales.
Desde la vigencia de la Constitución de 1886, el matrimonio era un compromiso hasta la muerte, una promesa inquebrantable que, más que unir por amor, obligaba a las parejas a convivir, incluso cuando el amor había desaparecido o la relación se había convertido en un tormento.
El Código Civil colombiano, al regular las causales de divorcio en su artículo 154, estableció nueve motivos que parecían más enfocados en proteger la imagen de un matrimonio estable que en respetar la voluntad de sus integrantes. Relaciones sexuales extramatrimoniales, ultrajes, embriaguez habitual, consumo de drogas, enfermedad incurable o separación prolongada eran algunas de las razones que permitían a un juez disolver este vínculo.
Sin embargo, la legislación imponía una carga moral: solo el cónyuge inocente podía invocar las causales. Esto significaba que quien simplemente deseaba poner fin a su matrimonio porque ya no era feliz, o porque el amor había terminado, no tenía una salida legal. Era prisionero de una unión que, en muchos casos, se había convertido en una fuente de sufrimiento. O, si decidía demandar, quedaba con la carga de suministrar alimentos a la contraparte.
La rigidez de estas normas ha llevado a una realidad que pocos reconocen abiertamente. En Colombia, miles de parejas permanecen legalmente casadas, pero viven vidas separadas, incapaces de formalizar su divorcio por la falta de causales legales. Otras, atrapadas en los mismos hogares, conviven en medio de un infierno cotidiano, marcado por la indiferencia, el maltrato o el simple desgaste de los años.
El matrimonio colombiano, tal como lo conocemos, lleva las marcas de una época en que el Estado estaba profundamente influenciado por la Iglesia Católica. Durante más de un siglo, el matrimonio fue una institución sacralizada, destinada a durar hasta la muerte. Las reformas al Código Civil han intentado modernizar esta visión, pero siempre han mantenido el matrimonio bajo el control de causales estrictas que parecen más un reflejo de normas religiosas que de los derechos fundamentales.
Esta imposición entra en contradicción con los valores consagrados en la Constitución de 1991, que reconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la libertad. ¿Cómo puede un contrato, que debería ser una expresión de amor y voluntad, convertirse en una cadena legal que obliga a las personas a permanecer juntas contra su deseo?
El 27 de noviembre de 2024, Colombia dio un paso histórico hacia la modernización de su legislación de familia. El Congreso aprueba que permite el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges. Este cambio, conocido como divorcio incausado, elimina la necesidad de demostrar una causal específica o contar con el consentimiento mutuo para disolver el matrimonio.
La reforma introduce una décima causal “la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges”. Esto significa que, a partir de ahora, el matrimonio no será una prisión perpetua, sino un contrato que puede terminarse cuando cualquiera de las partes lo decida.
En síntesis, la aprobación marca un antes y un después en la historia del derecho de familia en Colombia. La idea de hasta que la muerte nos separe deja de ser una imposición para convertirse en una elección. Este cambio no solo protege a quienes desean poner fin a una relación, sino que también representa un avance hacia una sociedad más justa y respetuosa de los derechos individuales.
Para concluir, en un país donde tantas parejas han vivido separadas bajo el mismo techo o han cargado con un matrimonio vacío durante años, esta reforma es una victoria para la libertad. Porque el amor no puede imponerse por ley, y el divorcio no debería ser un castigo, sino un acto de autonomía y dignidad.