Violencia contra la Mujer (II)

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Escrito por:

Luis Tabares Agudelo

Luis Tabares Agudelo

Columna: Opinión

e-mail: tabaresluis@coruniamericana.edu.co

Cada 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, al reflexionar sobre esta fecha, resulta inevitable reconocer que en Colombia aún estamos lejos de tener motivos de celebración.

Desde mi punto de vista, este día debería ser una oportunidad no solo para recordar a las víctimas, sino también para denunciar y exigir medidas concretas contra lo que, sin duda, es una de las manifestaciones más crudas de nuestra cultura machista y violenta.

En primer lugar, debemos reconocer que la falta de políticas públicas firmes y sostenidas en el tiempo constituye un obstáculo significativo para la erradicación de este problema. En términos jurídicos, lo que no se menciona no se reconoce, y esto aplica tanto al lenguaje como a la acción institucional. Por tanto, es fundamental que los abogados, psicólogos, trabajadores sociales y todos los profesionales comprometidos con esta causa adoptemos un lenguaje inclusivo y sensible al género. Hablar de niños, niñas y adolescentes no es un detalle menor, sino una herramienta jurídica y simbólica que refuerza la visibilización de las niñas y mujeres en nuestras normas y prácticas.

De acuerdo con esto, es crucial entender que ocupar un cargo de poder no implica automáticamente un compromiso con la causa de las mujeres. Como señalaba Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Esta reflexión invita a cuestionar si aquellas mujeres en posiciones de liderazgo están verdaderamente aplicando un enfoque de género en sus políticas o si, por el contrario, reproducen patrones patriarcales. Con esto me refiero es a que la cultura patriarcal debe ser erradicada, especialmente cuando las mujeres ocupan roles de poder, ya que su liderazgo debería enfocarse en la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas, especialmente de su propio género.

La violencia contra la mujer no es un fenómeno reciente; sus raíces se hunden profundamente en la historia. Filósofos de la antigüedad como Platón, Pitágoras y Aristóteles perpetuaron visiones denigrantes hacia las mujeres, visiones que, aunque enmarcadas en otro contexto, siguen resonando en la actualidad. Estos discursos históricos son reflejo de cómo el patriarcado ha moldeado las estructuras sociales, justificando la subordinación femenina. Hoy, aunque hemos avanzado en algunos aspectos, seguimos enfrentando índices alarmantes de violencia y feminicidios.

En este sentido, resulta imprescindible que los operadores jurídicos conozcan y apliquen la Ley 1257 de 2008, que establece un marco normativo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta ley, que debería ser de estudio obligatorio para todos los estudiantes de Derecho, no solo protege a las mujeres frente a la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, sino que también enfatiza la responsabilidad de todos los ciudadanos y funcionarios públicos. La inacción frente a un caso de violencia constituye complicidad, y como sociedad debemos rechazar esta indiferencia.

Además, es imperativo que todos los sectores, especialmente el judicial, comprendan que los derechos de las mujeres son derechos humanos inalienables, irrenunciables y no conciliables. La violencia contra la mujer no es un asunto privado; es un delito público que debe ser denunciado y sancionado. Los abogados deben incorporar un enfoque de género en sus defensas, garantizando que las mujeres tengan acceso a la justicia y que se respeten sus derechos fundamentales.

Hoy, más que nunca, debemos reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad y la justicia. Porque, como establece la Ley 1257 de 2008, la vida de las mujeres debe ser libre de violencia, y garantizarlo no es solo una obligación legal, sino un imperativo ético que nos compete a todos.

Para concluir, la violencia contra la mujer no es agresión; es un delito que debe ser nombrado, combatido y erradicado. Este es un llamado urgente a la acción, para que la próxima generación de abogados, jueces y ciudadanos pueda vivir en un país donde la igualdad de género sea una realidad y no un ideal inalcanzable.

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