En los últimos años, Medellín ha sido el epicentro de diversos debates sobre la seguridad pública en Colombia. Esto se da con la implementación del llamado Modelo Medellín durante las administraciones de Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, cuando la ciudad buscó un cambio profundo en la forma de gestionar la criminalidad y la violencia.
Es claro que la transición del enfoque reactivo al preventivo, una de las principales características del modelo, parecía prometer una nueva era para la capital de los antioqueños. Sin embargo, este cambio no ha sido tan radical como se ha presentado. Por un lado, las inversiones en la fuerza pública, el fortalecimiento logístico y las intervenciones militares siguen siendo un pilar fundamental de la política de seguridad, lo que pone en duda su efectividad. Por el otro, pese a que se ha hablado de una disminución en los homicidios y otros crímenes, los resultados no han sido tan significativos como se esperaba. Por consiguiente, cabe preguntarse: ¿realmente se ha superado la etapa punitiva o seguimos en un enfoque predominantemente reactivo?
A mi parecer, otro aspecto que merece una revisión crítica es la llamada seguridad humana, uno de los elementos clave en la administración de Gaviria. A pesar de que el término evoca una visión más inclusiva y centrada en las personas, lo cierto es que su implementación ha quedado rezagada. Es evidente que lo urbanístico ha mejorado ciertos espacios públicos, pero estas acciones no han sido suficientes para transformar las realidades de las comunidades más afectadas por la violencia. Por eso resulta necesario preguntarse: ¿de qué sirve hablar de seguridad humana si no se resuelven los problemas de exclusión social y desigualdad que están en la raíz de la criminalidad?
Veo que mejorar los espacios públicos, construir parques, metro cables, bibliotecas, alumbrado público, canchas o complejos deportivos en las zonas más violentas de la ciudad es un paso en la dirección correcta, pero sin un enfoque integral que aborde la educación, el empleo y la salud, estas intervenciones no podrán resolver la violencia de fondo.
Considero que es importante resaltar que uno de los mayores fallos es su tratamiento de la juventud en riesgo. Creo que las políticas de seguridad han continuado criminalizando a los jóvenes, en lugar de ofrecerles oportunidades reales de rehabilitación y reintegración. En efecto, muchos terminan involucrados en actividades delictivas debido a la falta de empleo, estudio y a la drogadicción. Se puede intuir que no tratarlos como enfermos que necesitan asistencia, el sistema los sigue viendo como delincuentes que deben ser castigados. En este sentido, ¿no deberíamos priorizar un enfoque que trate la criminalidad juvenil como un problema de salud pública en lugar de seguir recurriendo al derecho penal?
En síntesis, hay que reconocer que el Modelo Medellín ha sufrido de una falta de continuidad entre administraciones, lo cual ha debilitado su capacidad para producir cambios sostenibles. Cada alcalde ha implementado su propia versión de la política de seguridad, lo que ha fragmentado los esfuerzos y ha generado inconsistencias. Entonces, me surge la duda: ¿cómo puede Medellín esperar resolver sus problemas de criminalidad si no existe una política pública de seguridad coherente y de largo plazo?
Ahora bien, aunque presenta avances en el discurso, sigue siendo insuficiente para enfrentar los complejos problemas de criminalidad en la ciudad. Dicho en otras palabras, se requiere un enfoque más integral y menos reactivo, uno que no solo intervenga físicamente en los territorios, sino que también proporcione oportunidades reales a las comunidades marginadas. Y, por supuesto, a los jóvenes.
Para concluir, el enfoque que el alcalde Federico Gutiérrez está implementando en su nuevo mandato sigue una línea de elementos de seguridad pública. Siempre ha sido enfático en la necesidad de reforzar las capacidades de la fuerza pública, como la creación de la Central Estratégica Contra Atracos, y en brindar un apoyo decidido a la Policía, el Ejército y la Fiscalía para enfrentar el crimen organizado y mejorar el orden público.
Columna de Opinión
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