El informe de ONU-Hábitat (2020) titulado Directrices para todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Más Seguros, ofrece pautas globales para mejorar la seguridad urbana. Su objetivo principal es prevenir la delincuencia, fomentar la cohesión social y promover el desarrollo urbano sostenible. En ese sentido, los Estados miembros deben compartir sus mejores prácticas y adoptar evaluaciones periódicas para fortalecer la seguridad en sus ciudades.
Con él, se busca abordar los desafíos desde un enfoque integral que incluye la participación de los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado. Estas proponen la implementación de medidas que combinen la prevención, la planificación y la inclusión social para garantizar ciudades más seguras.
Adicionalmente, se destacan elementos clave como el uso de tecnología avanzada, el análisis de datos para identificar patrones de criminalidad y la importancia de una infraestructura resiliente. También subrayan la necesidad de adoptar un enfoque holístico, en el cual la seguridad urbana esté conectada con el desarrollo sostenible y la justicia social.
Efectivamente, en las ciudades de Colombia se ha buscado reducir la criminalidad mediante intervenciones sociales y urbanísticas en las zonas más vulnerables. Sin embargo, los problemas persistentes de criminalidad, especialmente los atracos, continúan siendo un desafío para la seguridad. Algunos alcaldes se destacan en la importancia de combinar medidas reactivas, como el fortalecimiento de la fuerza pública, con medidas preventivas basadas en programas sociales y de inclusión.
A pesar de que las estrategias de la ONU y las utilizadas en Colombia presentan puntos de convergencia, como la promoción de alianzas comunitarias y el uso de tecnologías, surgen varias críticas con respecto a la efectividad para enfrentar los problemas de seguridad en ciudades tan complejas.
De manera que, desde ONU-Hábitat (2020) si bien hacen énfasis en la prevención del delito y en la colaboración comunitaria, no abordan suficientemente la cuestión de cómo desarticular estructuras criminales organizadas, un aspecto fundamental en donde el crimen está vinculado con grupos organizados y pandillas. Considero que, a largo plazo, el éxito de una política de seguridad depende no solo de prevenir delitos, sino también de proporcionar vías de reintegración y resocialización algo que parece estar ausente en estas propuestas.
Asimismo, el contexto de las ciudades colombianas requiere políticas que vayan más allá de las acciones puntuales o los enfoques reactivos. Esto debido a que los esfuerzos por mejorar la infraestructura urbana y la seguridad pública, los altos niveles de violencia y los desafíos relacionados con el crimen organizado; hacen que las propuestas de la ONU sean insuficientes si no se acompañan con que sean abordadas las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades.
Otra limitación importante es su énfasis en un enfoque multilateral y cooperativo, que puede ser efectivo en ciertos contextos, pero que enfrenta dificultades para implementarse en ciudades donde la corrupción y la desconfianza institucional son problemas endémicos. En varias ciudades capitales e intermedias, la percepción de corrupción ha debilitado la confianza ciudadana en las estrategias de seguridad. Desde la ONU no se abordan adecuadamente cómo lidiar con estas barreras internas, lo que podría socavar la efectividad de cualquier política de seguridad que se base en la cooperación interinstitucional.
En síntesis, las directrices ofrecen un marco general para la mejora de la seguridad urbana, pero parecen no ser suficientemente robustas para enfrentar los desafíos específicos de las ciudades del país donde la complejidad del crimen organizado, la falta de continuidad política, la corrupción y los problemas estructurales requieren soluciones más específicas.
Para concluir, aunque se propone un enfoque colaborativo y preventivo, su impacto real en Colombia será limitado si no se adaptan a las necesidades locales, si no se abordan las cuestiones relacionadas con el tratamiento de los delincuentes y si no se promueve una verdadera transformación social que incluya oportunidades reales para las comunidades más vulnerables.
