El Departamento Nacional de Planeación reporta anualmente el resultado del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) de las entidades territoriales del país. Este índice se califica de 1 a 100 y se calcula mediante una metodología que mide las siguientes capacidades territoriales: viabilidad fiscal, capacidad de generación de recursos propios, endeudamiento, niveles de inversión y capacidad de gestión financiera de las entidades. Según estos resultados, las entidades son categorizadas en rangos: deterioro (<40), Riesgo (>=40 y <60), Vulnerable (>=60 y <70), Solvente (>=70 y <80) y Sostenible (>=80). El reporte IDF de la vigencia 2023, dio a conocer que el 90% de los municipios del Magdalena se encuentran entre los rangos de Deterioro y Riesgo. Esto que debería ser escandaloso, pues refleja el vergonzoso estado de las finanzas territoriales, ha pasado de agache. Al parecer, los pobres resultados de nuestras entidades territoriales dejaron de ser una novedad.
El promedio nacional del IDF fue de 57.57 %. Al analizar los resultados por departamentos, el Magdalena presenta el peor resultado nacional por la alta concentración (90%) de municipios en los peores rangos (Deterioro y Riesgo). De las 30 entidades territoriales del Departamento (incluido el Distrito de Santa Marta) el 10% se ubica en el rango de Deterioro, el 80% en el rango de Riesgo y el 10% restante en rango Vulnerable. Pero este bajo desempeño municipal, no es un caso aislado, pues según el IDF departamental, el Magdalena, como entidad territorial pasó de 53.44% en 2022 a 47.29% en 2023, profundizando no solo su condición de riesgo sino ubicándose por debajo del promedio nacional (56.60%) e incluso de departamentos como Chocó (49.31%) y Cauca (49.13%). Como dice el adagio popular, “las manzanas no caen lejos del árbol”.
Según las capacidades que se analizan en el IDF, los rangos de deterioro y riesgo advierten que las finanzas de los municipios del Magdalena tienen una alta dependencia a las transferencias nacionales, una baja inversión en obras que permitan generar ingresos y beneficios sociales en el largo plazo, además de encontrarse en riesgo de déficit y/o presentan alto endeudamiento. Todos estos aspectos se convirtieron en un lugar común de las entidades territoriales locales durante los últimos años.
Aunque parecen frías cifras de Planeación Nacional, el resultado del IDF puede advertir si los gobiernos territoriales avanzan hacia al deterioro o hacia la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones, pues la deficiente gestión de sus finanzas se traduce en pobreza y falta de soluciones reales a las necesidades locales. No es casualidad que en índices como el de pobreza Monetaria, el Magdalena se ubique entre los peores del país con un 47.6%.
Los bajos resultados del IDF de los municipios del Magdalena no sorprenden si partimos del poco o nulo esfuerzo que estas entidades han realizado para fortalecer sus capacidades administrativas y técnicas. También hay que decirlo, el soporte técnico de parte del Gobierno Departamental ha sido incipiente durante los últimos años.
Resulta inaplazable que los municipios fortalezcan su gestión de ingresos propios. Para empezar, actualizar sus planes de ordenamiento territorial, los cuales ofrecen instrumentos de gestión para obtener recursos de inversión para el desarrollo de infraestructura pública. Asimismo, deben actualizar la base del sistema tributario y avanzar en la implementación del catastro multipropósito con el fin de mejorar sus ingresos propios.
De la mano con lo anterior, mejorar las capacidades técnicas para formular y gestionar proyectos de inversión, y de esta forma, mejorar el acceso a fuentes de financiación. Algunos gobernantes llegan a sus cargos convencidos que la gestión de proyectos solo depende de “palancas políticas” y olvidan que los proyectos son revisados y viabilizados por implacables instancias técnicas.
Además de acciones para reducir el perverso ciclo de incompetencias locales, es fundamental atacar las malas prácticas de la gestión de algunos gobernantes, quienes amparados en la impunidad casi garantizada de los entes control y del sistema de justicia, dirigen gran parte de los escasos recursos propios y/o gestionados a proyectos condenados de antemano a la siniestralidad por efecto de la corrupción y/o mala planificación.
Aunque hubo señales de este crónico y agonizante desempeño de las entidades locales, finjamos sorpresa ante estos resultados.
