Quiero invitarlos a reflexionar sobre el valor de las palabras contenidas en la Constitución política de 1991. Estas no solo permiten la comunicación, sino que configuran el marco jurídico que rige nuestra vida en sociedad.
Tambien, en que especialmente, en el ámbito del derecho, no se trata únicamente de un medio para expresar ideas, sino de herramientas que moldean el pensamiento y la acción jurídica.
Ahora bien, cuando se trata del texto superior, cada una adquiere una importancia monumental. Tal como lo menciona el jurista argentino Jorge Reinaldo Vanossi, no solo los términos, sino incluso los signos de puntuación son relevantes. Esto implica que cualquier cambio debe ser realizado con sumo cuidado debido a que se trata de un documento que no solo organiza el ordenamiento jurídico, sino que también refleja los valores y aspiraciones de toda una nación.
Intuyo que es igualmente importante resaltar el origen de nuestra actual Carta Magna, la cual fue producto de un amplio debate democrático. No nació de la voluntad de unos pocos, sino que fue el resultado de un esfuerzo pluralista en el que participaron diversos sectores de la sociedad. Esto le otorga un valor adicional a cada una de sus disposiciones y vocablos. Como bien expresó Álvaro Gómez Hurtado en el discurso de promulgación: la Constitución es mucho más que un conjunto de normas: es la carta de navegación de nuestra nacionalidad.
Sin embargo, el debate sobre el uso de ciertos términos no ha estado exento de controversias. Por ejemplo, la expresión comunidades negras ha sido objeto de críticas por considerarse peyorativa. A pesar de ello, la Corte ha mantenido su exequibilidad, argumentando que dicha expresión refleja su espíritu y que, en la actualidad, no tiene una connotación negativa otorgada por el Estado o el legislador.
Considero que la labor de la Corte en la protección del lenguaje constitucional es esencial, ya que este no puede ser neutral. Las palabras tienen el poder de incluir o excluir, de dignificar o denigrar. Por ello, no es extraño que en varias sentencias se haya declarado inconstitucionalidad de expresiones obsoletas con una fuerte carga despectiva. Es el caso de las decisiones sobre: salvajes, amo-sirviente o criado, si la locura fuere furiosa o loco, furiosos locos, mentecatos, imbecibilidad, idiotismo, locura furiosa, casa de locos, hijo legítimo. Todas las anteriores y muchas otras ya no tienen cabida en un Estado que se rige por los principios de dignidad humana y no discriminación.
En síntesis, considero que el valor de las palabras en ella puede subestimarse. Cada término, cada concepto debe ser cuidadosamente seleccionado para reflejar los principios y valores fundamentales de nuestra vida en comunidad. Cambiarlas sin el debido proceso o sin una reflexión profunda sobre sus implicaciones no solo altera el texto constitucional, sino que también afecta la esencia misma del orden jurídico y democrático que tanto nos ha costado construir. Por ello, cualquier reforma debe realizarse con cautela, respetando el procedimiento especial previsto para su modificación.
En este contexto, el intento del actual gobierno de cambiar la denominación de la Fuerza Aérea Colombiana a Fuerza Aeroespacial Colombiana a través de la Ley 2302 de 2023 pone de manifiesto una preocupante falta de profundidad jurídica e ignorancia del valor de cada palabra en la Constitución. Y, que cualquier alteración, por más superficial que parezca, debe ser cuidadosamente analizada en función de sus implicaciones jurídicas.
Para concluir, los colombianos hemos visto cómo diversas iniciativas del gobierno han sido frenadas por la Corte debido a errores que podrían haberse evitado con un análisis más riguroso. Estos tropiezos no solo afectan la efectividad del gobierno, sino que generan una percepción de improvisación y falta de respeto por las normas constitucionales que deben guiar cualquier acción del Ejecutivo.
Entonces, podría suceder lo mismo con la reciente discusión sobre la modificación del Escudo. Si no se maneja el valor de las palabras con el debido rigor, corremos el riesgo de que el proceso legislativo vuelva a ser bloqueado.
