Debido al avance de la inteligencia artificial y su potencial impacto ha surgido un nuevo conjunto de derechos humanos conocido como los neuroderechos.
De hecho, tienen que ver con la dignidad humana y están en riesgo debido al desarrollo de diversas tecnologías avanzadas que interactúan directa o indirectamente con el cerebro.
Son afectados con dispositivos que, si no son adecuadamente regulados y usados de manera ética, tienen el potencial de comprometerlos afectando la privacidad, autonomía, identidad, y equidad de los individuos y pueden influir en la capacidad para tomar decisiones de manera libre y autónoma. Si una persona no tiene la capacidad de dar su consentimiento informado o si se utilizan para controlar o manipular su comportamiento sin su pleno acuerdo, podría interpretarse como una violación a su dignidad humana.
Adicionalmente, el uso sin el consentimiento informado del paciente es una grave violación de sus derechos. Quiere decir que en situaciones donde una persona no tiene la capacidad de consentir, como en casos de enfermedad mental severa, es crucial garantizar que se tomen decisiones con el mayor respeto posible por la autonomía y los derechos del paciente, y bajo estrictos controles éticos y legales.
Aunado a lo anterior, los neuroderechos son un conjunto emergente de derechos humanos específicamente diseñados para proteger la integridad mental y cognitiva de las personas ante el avance de las neurociencias y las neurotecnologías. En consecuencia, dado el rápido desarrollo de tecnologías capaces de leer, alterar o manipular la actividad cerebral, los neuroderechos buscan establecer salvaguardias éticas y legales para garantizar que tales avances no vulneren la dignidad, privacidad y autonomía de los individuos.
Además, son una respuesta al desafío que representan las que pueden interferir directamente con la mente, como interfaces cerebro-computadora, dispositivos de estimulación cerebral y de neuroimagen avanzada. Su objetivo es prevenir abusos y proteger la dignidad humana en un contexto donde la tecnología tiene el potencial de acceder y modificar los aspectos más íntimos de nuestra identidad y experiencia personal.
En efecto, abarcan varias áreas clave como el derecho a la privacidad mental que protege los pensamientos, emociones y otros aspectos de la vida mental de la intrusión no deseada por parte de tecnologías que puedan acceder a la información cerebral. Este derecho se enfoca en evitar que terceros accedan o monitoreen la actividad cerebral sin el consentimiento del individuo.
De manera similar, el Derecho a la Identidad Personal que garantiza que las tecnologías no alteren la identidad o personalidad de una persona sin su consentimiento. El Derecho al Libre Albedrío, asegura que las personas mantengan el control sobre sus decisiones y comportamientos, sin interferencia externa que pueda manipular su voluntad o capacidad de elección. El Derecho a la Equidad en el Acceso a Neurotecnologías, promueve que todas las personas tengan acceso justo y equitativo evitando que se generen desigualdades socioeconómicas o de otro tipo basadas en el acceso o la capacidad para utilizarlas. El Derecho a la Protección contra el Sesgo Algorítmico, busca evitar que los algoritmos utilizados en neurotecnologías introduzcan sesgos que puedan discriminar o perjudicar a ciertos grupos de personas.
En síntesis, aunque Colombia forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que en 2023 adoptó la Declaración de Principios Interamericanos en relación con las Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos, aún no existe en el ordenamiento jurídico una ley ni pronunciamientos de las Altas Cortes que regule la aplicación de estos principios.
Para concluir, por las razones anteriormente expuestas, los abogados y defensores de derechos humanos tenemos una importante labor de asesoría y acción frente a esta situación. Ante la falta de regulación por parte del Congreso, la Acción de Tutela se presenta como el mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales que puedan verse afectados por la aplicación de neurotecnologías, asegurando así la defensa de la dignidad, la autonomía y la privacidad de los individuos en nuestro país.
