En los últimos años, los colombianos hemos sido testigos de una serie de reformas constitucionales que han generado un intenso debate sobre su impacto y efectividad.
En ese sentido, Álvaro Uribe Vélez, durante su presidencia, lideró una de las reformas más controvertidas y dañinas para la Constitución y el equilibrio de poderes al promover la reelección presidencial inmediata. No solo alteró la dinámica política del país, sino que también sentó un peligroso precedente para la concentración de poder en el Ejecutivo, socavando los principios fundamentales de la democracia.
Adicionalmente, la administración de Juan Manuel Santos lideró una de las más grandes transformaciones a la Constitución con la intención de lograr la paz y mejorar el sistema de justicia. No obstante, esta ambiciosa reforma enfrentó múltiples desafíos, tanto en su implementación como en su aceptación por parte de la ciudadanía con el agravante que el sistema judicial no mejoró.
Ahora bien, en las democracias sólidas, las constituciones se reforman de manera esporádica, generalmente con cada cambio de generación. Este enfoque garantiza estabilidad y continuidad en el marco legal y político. En contraposición, las democracias débiles tienden a realizar cambios frecuentes a sus constituciones, lo que refleja un sistema político caracterizado por la inestabilidad, la desigualdad y la corrupción. Colombia, con su joven Constitución de 1991, ya ha experimentado más de cuarenta y cinco modificaciones en menos de treinta y cinco años. Esta frecuencia de reformas no solo debilita la percepción de estabilidad institucional, sino que también puede socavar la confianza pública en el sistema democrático.
De hecho, un punto crítico es la reelección de los congresistas. La perpetuación en el poder hasta por tres o cuatro periodos de los mismos legisladores impide la renovación de liderazgos y fomenta la corrupción a través de maquinarias políticas bien establecidas que perpetúan un ciclo de poder que es difícil de romper y socava la democracia. La eliminación de la reelección, la reducción de sus salarios y las reformas necesarias que no han prosperado parece que solo se lograrán con un cambio de constitución.
Se puede inferir que el proceso de paz con las Farc fue otro factor que influyó significativamente en las reformas constitucionales recientes. Las concesiones hechas para lograr la paz han incluido cambios sustanciales en la Constitución, lo que ha generado preocupaciones sobre la erosión del equilibrio de poderes. El Ejecutivo, por medio el fast track debilitó la separación de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia. Esta concentración de poder en el Ejecutivo ha llevado a la aprobación de reformas que, en muchos casos, responden más a intereses políticos que a las necesidades del país.
En este contexto, la prensa independiente se erige como un pilar clave y crucial para el mantenimiento de la democracia. La prensa tiene la responsabilidad de denunciar irregularidades y corrupción, y de informar al público sobre los verdaderos impactos de las reformas constitucionales. La independencia de los medios de comunicación es esencial para evitar que los tres poderes tradicionales se desequilibren.
Frente a estos desafíos, se plantea la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que aborde de manera integral las reformas estructurales necesarias. Solo una con amplia participación ciudadana y transparencia, puede generar los cambios profundos que el país necesita. Esta debería enfocarse en establecer un Congreso más eficiente y representativo, que no se puedan reelegir y en garantizar que las reformas constitucionales respondan a las verdaderas necesidades del pueblo colombiano.
Para concluir, la frecuencia y el alcance de las reformas a la constitución en Colombia reflejan una democracia en crisis, débil y corrupta. La modificación constante socava la estabilidad institucional y la confianza del ciudadano. A pesar de todo, aunque la Asamblea Nacional Constituyente la considera esencial el presidente Petro para garantizar la paz total, es la muerte de la constitución que ofreció un marco legal de inclusión a la vida democrática de las Farc, M-19, Paramilitares, EPL, PTR, Quintín Lame y CRS.