La enfermedad política de Colombia

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Escrito por:

Luis Tabares Agudelo

Luis Tabares Agudelo

Columna: Opinión

e-mail: tabaresluis@coruniamericana.edu.co


En Colombia, muchos ciudadanos percibimos que la promesa de una democracia inclusiva y justa es una ilusión lejana. La persistencia de una estructura social y política marcada por desigualdades profundas y corrupción endémica sugiere que vivimos en lo que se podría denominar una democracia de baja intensidad. Entonces, el desencanto y la desconfianza no son anomalías, sino respuestas predecibles ante un sistema que parece fallar sistemáticamente a gran parte de su población.

Para este análisis, es esencial, en primer lugar, tener como indiscutible que la corrupción ha calado hondo en todos los niveles de nuestra sociedad. Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que perpetúa una cultura de impunidad que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Este fenómeno, lamentablemente, se manifiesta en un acceso desigual a servicios y oportunidades, reforzando así las ya alarmantes tasas de inequidad en el país. Desde mi punto de vista, esta situación no solo es inaceptable, sino que socava los fundamentos mismos sobre los cuales debería edificarse cualquier democracia sólida y justa.

Además, la impunidad ante actos de violencia y corrupción ha dejado una cicatriz profunda en el tejido social colombiano. El abandono estatal se siente no solo en la falta de servicios, sino en la ausencia de un compromiso genuino por parte de las autoridades para proteger y valorar cada vida. Como bien expresan algunos: "La desigualdad es el corazón del desencanto social". Este sentimiento de desapego e invalidez frente al Estado es alarmante, y refleja una crisis profunda de identidad y pertenencia.

Lo anterior en razón de que es el Estado el que debe actuar como un garante de derechos y un regulador de justicia, es percibido como un ente distante, a veces hasta hostil. Esta percepción contribuye al ciclo vicioso de ilegalidad y violencia, donde los ciudadanos se sienten justificados al tomar la justicia por sus propias manos o ignorar las leyes que deberían protegerlos.

Es crucial entender que la incapacidad de la autoridad para hacer cumplir las normas no es solo un reflejo de un Estado fallido, sino una estrategia de supervivencia en un contexto donde la ley y el orden parecen ser aplicados de manera selectiva y, a menudo, injusta. Esto lleva a una erosión de la cohesión social y a una disminución en los niveles de corresponsabilidad cívica, pilares fundamentales para la construcción de cualquier sociedad democrática.

Desde esta perspectiva, la impunidad no solo aumenta el dolor de las víctimas, sino que perpetúa el desprecio por la vida y destruye cualquier intento de construir una relación ética y respetuosa entre los ciudadanos. Si no podemos confiar en que nuestro sufrimiento será reconocido y nuestras pérdidas reivindicadas, ¿cómo podemos esperar fomentar un sentido de comunidad y solidaridad?

Por otro lado, si las autoridades encargadas de impartir la ley son las primeras en violarla, y si los ciudadanos no reciben del Estado la protección y condiciones esenciales para una vida digna, se rompe cualquier posibilidad de corresponsabilidad. En tal escenario, la ausencia de justicia no solo es inevitable, sino que se convierte en una consecuencia directa de una democracia fracturada y de baja intensidad. Ante esta falta de estructura y apoyo, la violencia y la ilegalidad emergen como mecanismos de supervivencia, siendo percibidas como las vías más efectivas para obtener derechos y beneficios. Este es un ciclo destructivo que refuerza la desconfianza y el descontento social, erosionando aún más los cimientos de nuestro sistema democrático.

Para concluir, Colombia está enferma. Por eso, es esencial que reconozcamos que los problemas de corrupción, impunidad y desigualdad no son simplemente fallas administrativas o legales; son síntomas de una democracia que no ha logrado cumplir sus promesas o cambios más fundamentales. La reconstrucción de esta confianza rota y la creación de un sistema que verdaderamente valore y proteja a todos sus ciudadanos debe ser nuestra prioridad más urgente. Solo así podremos comenzar a curar nuestra nación y a fortalecer los cimientos de la justicia y la paz.