La Comisión de regulación de energía, gas y combustibles (Creg) es el órgano colegiado rector de la regulación del sector energético en Colombia y fue creada mediante la Ley eléctrica 143 de 1994, como parte esencial de la institucionalidad que rige ya va a ser 30 años.
El año anterior, frente a la escalada alcista de las tarifas de energía y en respuesta al descontento a las protestas de los usuarios, el Presidente Gustavo Petro, en septiembre del año anterior, en el marco del Congreso de Andesco, anunció la intervención de la Creg con el objeto de asumir sus funciones. En efecto, en febrero de este año procedió a expedir el Decreto 0227, mediante el cual “retomó” varias de las funciones y competencias de la Creg, con tan mala suerte que a poco andar el Consejo de Estado lo suspendió, al considerar que las mismas son propias de la Creg por ministerio de la Ley que la creó.
Pero, posteriormente, el mismo Consejo de Estado terminó anulando el nombramiento de varios de los expertos comisionados que integraban la Creg, quedando está prácticamente desmantelada y en manos del Presidente Petro. No obstante, este en lugar de proceder a nombrar en propiedad sus reemplazos, dispuso encargar a funcionarios del despacho del Ministerio de Minas y Energía. Y cuando a éstos se les terminó el encargo, la Comisión quedó sumida en su interinidad y hasta la fecha sólo a uno de ellos se reemplazó con el nombramiento de Omar Prías Caicedo.
Lo cierto es que la Creg se tornó inoperante desde el 5 de octubre por no contar con el quorum suficiente para tomar decisiones. Esta situación llevó a afirmar su director ejecutivo José Fernando Prada que “tenemos un apagón regulatorio, porque no tenemos capacidad de tomar ninguna decisión”.
Y para rematar, luego vendría lo peor. Prada, quien había renunciado y nunca le contestaron, transcurrido el tiempo dispuesto por la Ley, apelando al silencio administrativo, hizo efectivo su retiro el día 6 de noviembre por vencimiento de términos. De esta manera, la desmantelada e inoperante Creg quedó acéfala y a la deriva, al garete, desoyendo de paso la alerta emitida por parte de la procuradora Margarita Cabello, quien mediante Oficio 678, le hizo el requerimiento al Ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Carreño, para que procediera a la mayor brevedad a proveer las vacantes, nombrando en propiedad a los seis expertos.
Las consecuencias de esta desidia gubernamental no se ha hecho esperar. Al expirar el Pacto tarifario firmado entre el Ministerio de Minas y las comercializadoras, en septiembre pasado, según el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, “la ausencia de los expertos en la Creg impide tomar decisiones para diferir el impacto por el vencimiento de la opción tarifaria”. De ello se sigue que “los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe puede superar el 15%”. ¡Seremos los usuarios quienes pagaremos los platos rotos!