Cerros tutelares de Santa Marta: ¿víctimas de la desidia, la irresponsabilidad, o el delito?

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


En Santa Marta, la invasión de los cerros urbanos se ha convertido en un delito que podría calificarse de sucesivo, cuyo impacto irreversible en el territorio parece no preocupar a autoridades ni ciudadanía. Los cerros urbanos fueron declarados Suelos de Protección mediante el Artículo 101 del Acuerdo 005/2000. Esto implica que, su invasión o la financiación de ello, se configura en un delito ambiental (Ley 2111/2021; artículos 336-336A “Invasión de áreas de especial importancia ecológica”). Pese a sus consecuencias penales, en Santa Marta, parece que esta ley “no pegó”, como se dice coloquialmente. El crecimiento de la ciudad no explica ni justifica, que este se haya dado de manera descontrolada. Esto, sólo se explica por la deficiente planeación, el débil control urbano, la negligencia, la indolencia y la creciente cultura de ilegalidad de los samarios. Entre la desidia, la irresponsabilidad o el delito, es difícil saber cuál de estas conductas ha contribuido más en la acelerada degradación de los cerros urbanos.

La invasión y la destrucción de cerros, tienen en común el objetivo de apropiarse ilegalmente del espacio público, sin embargo, no deben interpretarse como un mismo fenómeno social y económico. Las invasiones, en su mayoría, operan mediante estructuras mafiosas que promueven la ocupación ilegal por parte de grupos vulnerables, usados como carne de cañón para enfrentar a propietarios y autoridades. Logrado este propósito, las mafias proceden al loteo y venta de terrenos a personas sin techo de las cuales captan enormes beneficios económicos. Creados los asentamientos, estos acceden de forma fraudulenta a la oferta de servicios públicos, lo cual, además de afectar la calidad de la prestación de estos, incrementa las llamadas pérdidas técnicas en la operación, tal como ha sucedido en el servicio de energía eléctrica. Estas pérdidas deben pagarlas los sectores formales a expensas del deterioro de la competitividad del sector productivo y la destinación de parte importante del ingreso de los hogares.

Debido a la tala y quema de la cobertura vegetal de los cerros, estos quedan expuestos a la erosión, condición que pone en riesgo la vida de quienes los ocupan. Resolver esta condición tiene restricciones para las autoridades, pues al hacer parte del Sistema de Espacio Público de la ciudad (Artículo 42, Acuerdo 008/2020), los cerros adquieren la connotación de bienes de uso público, por lo cual, según el artículo 63 de la Constitución de 1991: “son inalienables, inembargables e imprescriptibles, en razón a que están destinados a cumplir fines de utilidad pública en distintos niveles. 

Dadas las características enunciadas, ¿podrían las entidades territoriales, invertir en la disposición de infraestructura de servicios urbanos en áreas de uso público? ¿Podrían sustraer áreas de espacio público para el uso privado? ¿No sería esto, incentivar las invasiones y fomentar el delito? Al parecer, el camino para estos asentamientos; es la cíclica atención de emergencias o la reubicación definitiva de las comunidades.

La remoción, a diferencia de la invasión, es una operación más agresiva e intensiva, para la que se emplea una alta inversión en maquinarias, además de “gestiones políticas” que permitan evadir el control de las autoridades. Detrás de estas “inversiones”, están importantes actores económicos que utilizan su poder para destruir estas zonas y convertirlas en complejos comerciales y/o residenciales, dado sus privilegiadas localizaciones.   

Cualquiera que sea el método de apropiación irregular de los cerros, su efecto es incrementar la inequidad e injusticia social, económica y ambiental de la ciudad, que bastante acentuada está, debido a la falta de gestión de las administraciones. Mientras las invasiones se convierten en asentamientos segregados al borde de la precariedad, propensos a ser focos de violencia y criminalidad que rebasan el control de las autoridades; las remociones se transforman en espacios generadores de riqueza para unos pocos, sin compensación ni redistribución para la ciudad por la pérdida de un valioso atributo, como es su paisaje urbano.

En días pasados, líderes sociales denunciaron ante las autoridades la deforestación y remoción del cerro “Las Iguanas”, localizado en la parte alta del barrio El Yucal, parte del suelo de protección del Parque Ecológico Distrital Paz Verde y Parque Urbano de Borde.  No obstante, la operación fue suspendida por las autoridades, ¿será ésta, una nueva tragedia anunciada?