Problema estructural de abandono estatal de las comunidades que habitan en áreas no municipalizadas

Existen en Colombia territorios que no son parte integrante de municipio alguno, tales como las denominadas áreas municipalizadas-ANM. En efecto, de las 39.230 entidades locales que existen en nuestro país, solo 1.101 son municipios en todo el sentido de la palabra.

Es decir, solo el 2.8% del total de nuestras entidades locales son plenamente reconocidas como municipio por la ley; y por tanto, son personas jurídicas de derecho público, tienen autoridades y están sujetas a lo estatuido en el código de régimen municipal. Las 38.109 entidades locales restantes, tales como centros poblados, caseríos, corregimientos municipales y veredas no son reconocidas como municipios, pero forman parte integrante de él, porque por principio, no deben existir porciones del territorio nacional que no formen parte del ente municipal, para no desconocer el modelo territorial diseñado por la Constitución de 1991, que hace del municipio la entidad fundamental, exceptuándose las áreas no municipalizadas-ANM, pues estas, como su nombre lo indica, no forman parte de un determinado municipio, por tanto, hoy día, se encuentran en el limbo jurídico.

Este vacío legal ha sido generado, de una parte, porque la figura del corregimiento departamental que sustituyó a los antiguos corregimientos intendenciales y comisariales salió del ordenamiento jurídico, pues transcurridas las dos legislaturas establecidas como límite en la Sentencia C-141/01, el Congreso “no expidió la regulación, que sustituyera al artículo 21 del Decreto 2274 de 1991, para la progresiva transformación de los corregimientos departamentales en municipios”. Y, por otra, el artículo que creaba a los territorios biodiversos y fronterizos como una entidad territorial, fue declarado inexequible, por la Sentencia C-100/13 “por consagrar una entidad territorial no prevista en la Constitución de 1991”.

Estas veinte (20) áreas no municipalizadas se encuentran ubicadas en los departamentos de Amazonas (9), Guainía (8) y Vaupés (3) y representan el 93%, 78% y 45% de la extensión de cada uno de estos departamentos respectivamente, vale decir, la casi totalidad de los departamentos de Amazonas y Guainía y la mitad del departamento de Vaupés, por lo tanto, estamos hablando de enormes extensiones de territorio que se encuentran en este limbo jurídico, tierra de nadie…y caldo de cultivo propicio para que la ilegalidad y el desarrollismo entren a saco y/o arrasar con la riqueza natural que ostentan estos territorios.

La propuesta ambiental del programa de gobierno de Fajardo podría incorporar parte de estas áreas al programa de pago por servicios ambientales-PSA propuesto y que está articulado con una negociación en el contexto internacional de una compensación a Colombia a manera de PSA por los servicios de regulación climática y protección de la biodiversidad que prestarían los ecosistemas naturales alojados en estos territorios.

Pero, lo más importante, quizás, debería ser ampliar la propuesta a convertir estas veinte (20) Áreas No Municipalizadas-ANM en entidades territoriales municipales con régimen especial o en ETIS para que no continúen desconociendo el modelo territorial diseñado por la Constitución de 1991, que hace del municipio la entidad fundamental de la división político-administrativa de la Nación, y para subsanar el vacío legal en que se encuentran dichas áreas no municipalizadas del país. Pues, de esta manera, además de aprovechar la riqueza natural de estos territorios para el pago por servicios ambientales, se les estaría reconociendo el estatus jurídico que les permitiría el autogobierno, acceder a los beneficios que brinda la institucionalidad y romper el “círculo vicioso de la violencia que le permite a los violentos alimentarse de la marginalidad, y a las comunidades marginales quedar bajo la intimidación de los violentos”, tal como lo afirma Restrepo Luis Carlos.
Así las cosas, se constituiría en una propuesta con enfoque de desarrollo sostenible, que armonizaría el tema regional, político-administrativo, ambiental, recursos económicos y paz territorial, además de permitir encauzar por la vía de la institucionalidad nuestro destino, como Nación.

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