La reforma a la justicia es el pendiente más importante de Colombia. Este gobierno fiel a su desdén sobre los grandes temas presentó y aprobó el proyecto equilibrio de poderes que cambia todo, para que todo quede igual. Ninguna de las grandes fallas fue resuelta.
Seguimos con un sistema inquisitivo donde los ciudadanos tienen que enfrentar todo el poder del Estado que a través de la Fiscalía, que no solo acusa, sino que tiene un aparato investigativo que usa para ese propósito. Hemos insistido en la necesidad de separar las funciones de investigación, de las de acusación; tal y como ocurre en los EEUU de donde mal copiamos ese sistema. Además requerimos jurados de conciencia para que el sentido de justicia se asemeje a aquel que tiene la sociedad, aunque sea en los grandes casos.
Está pendiente cerrar la puerta giratoria entre política y justicia. No puede haber más jueces que vienen de la política, como tampoco jueces con ansias de políticos. Deben ser carreras diferenciadas, cuya selección impida el paso hacia a la otra. Consecuente con ello, las facultades nominadoras de las altas cortes debieron desaparecer, para eliminar mecanismos que provocaron los lamentables carruseles de nombramientos.
La cooptación de magistrados debería ser abolida, así como las ternas de origen político. Buscar ternas de las mejores facultades de derecho del país, para que posteriormente haya debates de cara a los ciudadanos y la selección se realice a través de órganos de origen democrático -Presidente o Congreso- bajo la presión ciudadana.
Quedó también pendiente el juzgamiento de los llamados aforados. En mi opinión el único aforado que el sistema requiere es el Presidente, por tratarse de un aparato institucional donde ese cargo juega un papel estructural como de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Hay otros dos tipos de aforados: los congresistas cuyo aforamiento reduce de los derechos y garantías que disfruta cualquier ciudadano, como la doble instancia, la separación de investigador y juzgador. El tercer tipo en cambio consagra las garantías pensadas para el Presidente para un montón de funcionarios que no las requieren.
El equilibrio de poderes optó por lo absurdo. Sustituyó la comisión de acusaciones por un Tribunal de Aforados conformado por ternas enviadas por el Consejo Judicial y luego elegido por el Congreso. Lo que significa que en vez de congresistas, ahora tendremos delegados de la propia rama judicial para investigar; un chiste. Que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que conozca sobre delitos de los magistrados se mantuvo idéntico. De manera que la impunidad está garantizada.
Lo más grave, en el proyecto de ley estatutaria que presentó el Gobierno y que ya ha sido aprobado en dos debates, se consagró la inviolabilidad de los magistrados con una redacción que impediría que sean investigados por prevaricato. Esto significa que podrán emitir sentencias contrarias a la ley, y no podrán ser investigados por eso. Ojalá fuera la propia rama judicial la que diera una voz contra la impunidad y la justicia de cuello blanco. La credibilidad en la rama judicial tan afectada, requiere el compromiso de sus integrantes para salir de su crisis.