El gran desafío de nuestro país es la creación de instituciones fuertes, de manera que el Estado no sea un ente abstracto, lejano e inútil.
Un Estado fuerte, no se limita a poder sancionar o exigir -que la cumple el Estado colombiano de manera muy despótica- sino y sobre todo a la capacidad de constituirse en apoyo a los ciudadanos y dinamizador de la economía. El desafío es arduo porque este ha sido el empeño más esquivo de nuestra historia.
Colombia se mueve entre el péndulo del Estado fuerte o la violencia. Cuando el Estado es insuficiente, poderes de facto ocupan su lugar, y en vez de promover derecho y buscar mejoras sociales; imponen su propia ley. Los negocios ilegales financian la violencia que somete a los pobladores. El fuerte adquiere todos los beneficios y el ciudadano, que desea cumplir la ley, es víctima de todos los abusos. Debe pagar las extorsiones, resistir la violencia y sobrellevar las carencias de lo que el Estado no provee. Cuando el Estado aparece surge como un disturbio, y son otra vez los pobladores sus afectados, pues sus funciones se limitan a cobrar los impuestos y ser responsable de todas las carencias en vías, salud, educación y atención a los más pobres.
Romper el ciclo supone pensar en los obstáculos que nos han impedido la consolidación institucional. Una lista preliminar incluiría la complejidad del territorio, la corrupción, el centralismo, el fraccionamiento social, la baja eficacia formal y real de la ley. Todos están relacionados entre sí, y por eso es de esperar que las mejoras deben ser graduales en todos ellos, y que la interdependencia facilita que una mejora impacte sobre los otros asuntos.
Un país de difícil topografía mantiene lejanas varias comunidades, un territorio inaccesible como el Amazonas con un frente colonizador al borde la propia existencia del Estado supone un reto hoy susceptible a mejoras tecnológicas. En una sociedad marcada por la discriminación social, étnica y económica; el Estado tiene el deber de proveer espacios públicos para generar tejido social y reparar las infinitas fragmentaciones. Compartir espacios públicos es capaz de acercarnos como seres humanos y garantizar que los vínculos nacionales sean más que un uniforme o una bandera. Se trata de amistad y reconocimiento. Se trata de que seamos capaces de vernos los unos a los otros. Esto al mismo tiempo debe alivianar las distancias entre la Colombia rural, de provincia y del centro; de manera que las políticas públicas dejen de ser diseñadas para un país que no se conoce ni se entiende.
Los vínculos ciudadanos facilitarán la lucha contra la corrupción que hoy nos desangra, para que los recursos públicos que se invierten sean visibles. Es imperioso reducir los costos de un Estado burocrático y abolir las prácticas de financiar de manera ilegal las campañas con dineros públicos. Un país con mayor autoestima, con discursos propositivos sobre lo que somos y podemos ser avanzará. La defensa de la ley pasa por reformas al sistema de justicia y no seguir –como lo ha hecho este y otros gobiernos- haciéndole excepciones a los criminales más fuertes.