La Procuraduría General de la Nación solicitó que se acaben los millonarios gastos y viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, debido a que no es servidora pública y por tanto no puede recibir viáticos.
El pronunciamiento del Ministerio Público se da luego de analizar una demanda que busca acabar con los costosos viajes de Alcocer y su comitiva, y que fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, cuyo proceso lleva el magistrado Luis Manuel Lasso.
El proceso judicial busca que se anule el decreto 0035 de enero de 2023 y que así se acaben los viajes de la primera dama y su asignación como “Embajadora en Misión Especial”.
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La Procuraduría afirma en el documento que el presidente Gustavo Petro, y los directores del Dapre omitieron la jurisprudencia de que estas designaciones no se pueden hacer a personas que tienen un parentesco cercano, como lo es el mandatario y su pareja.
“Para esta Agencia del Ministerio Público, el señor presidente de la República infringió dicha disposición, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones, expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora en Misión Especial a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente”, indica uno de los apartes del concepto de 18 páginas emitido por Juan Carlos Villamil, procurador 135 Judicial para asuntos administrativos de Bogotá.
Verónica Alcocer ha estado recientemente en el ojo del huracán, al conocer que tiene un equipo de asesores que le ha costado al Gobierno cerca de 1.000 millones de pesos desde agosto de 2022.
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