Consejo de estado resolverá controversia sobre sanciones a funcionarios electos: busca establecer jurisprudencia

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En medio de la creciente controversia en torno a la capacidad de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios de elección popular.

El Consejo de Estado ha tomado un paso decisivo al anunciar que asumirá la responsabilidad de dictar un auto de unificación que establecerá jurisprudencia sobre este tema de relevancia jurídica y trascendencia social.

El alto tribunal, a través de un comunicado de prensa, informó que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha decidido avocar el conocimiento de un recurso de súplica presentado en relación con la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Esta excepción condujo a la inaplicación, con efectos inter partes, de los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021, que modifica el Código General Disciplinario.

El recurso de revisión que dio origen a esta polémica involucra a una alcaldesa que fue suspendida de su cargo y sancionada con una multa equivalente a dos meses de salario por una Procuraduría Provincial.

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La decisión de suspender el cargo y conmutarla a una multa se basó en la interpretación de los artículos que ahora están bajo escrutinio.

La Procuraduría Provincial argumentó que estos artículos contravenían normas internacionales y nacionales, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Petro Urrego vs. Colombia. También se argumentó que los artículos violaban varios preceptos de la Constitución.

En el contexto de la controversia generada por la suspensión del cargo del presidente Gustavo Petro a una alcaldesa y su negativa a nombrar un reemplazo en Riohacha, el Consejo de Estado asumirá un papel central para zanjar definitivamente el debate legal en torno a las sanciones disciplinarias que pueden imponerse a los funcionarios electos.

La comunicación emitida por el alto tribunal señala que la decisión de asumir el caso y emitir un auto de unificación se basa en la importancia jurídica del tema, su relevancia social y la necesidad de establecer jurisprudencia al respecto. A medida que el Consejo de Estado se prepara para tomar la última palabra sobre esta cuestión, se espera que su decisión tenga un impacto significativo en el marco legal que rige las sanciones a los funcionarios de elección popular en Colombia.





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