En un giro sorprendente en la ya tensa relación entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, el alto funcionario ha señalado al Gobierno colombiano como responsable potencial en caso de que él o su familia sufran algún daño.
Estas declaraciones se producen en medio de informes sobre un posible atentado en su contra, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y plantean nuevas interrogantes sobre la seguridad y la política en el país.
El fiscal Barbosa expresó en una entrevista con Caracol Radio: "Yo responsabilizo al Gobierno colombiano de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia. No he recibido ni siquiera una llamada del presidente". Estas palabras hacen eco de una creciente tensión entre el alto funcionario y el Gobierno actual.
Una fuente de preocupación adicional proviene de la afirmación del fiscal de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) proporcionó información al presidente sobre los movimientos financieros del ELN. Barbosa denunció que el Gobierno estaría reteniendo información vital sobre los movimientos financieros de la organización subversiva, que podrían estar destinados a financiar atentados.
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Las declaraciones del fiscal generaron una respuesta del Comisionado de Paz, quien instó a la "mesura" en la forma en que se hacen estas afirmaciones. La Oficina de Atención y Coordinación de la Paz (OACP) emitió un comunicado en solidaridad con Barbosa y su familia, rechazando cualquier amenaza o plan de daño. La OACP también expresó confianza en una "investigación eficaz por parte de las autoridades competentes" para esclarecer el presunto plan de asesinato.
La tensión entre el fiscal general y el Gobierno también ha arrojado una sombra sobre el proceso de diálogos de paz con el ELN y otros grupos armados. Estas últimas declaraciones de Barbosa amenazan con socavar aún más la confianza en las instituciones y el proceso de paz en el país.
A medida que el país se enfrenta a esta nueva crisis política, queda por verse cómo se desarrollarán las investigaciones sobre el posible atentado y cómo se manejará la creciente tensión entre el fiscal y el Gobierno. Las próximas semanas podrían arrojar luz sobre la dirección que tomará esta delicada situación.
