La investigación se dirige contra alguno de los miembros de la Comisión Evaluadora de Méritos.
La Procuraduría General de la Nación, el pasado 15 de febrero, abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar, con el fin de establecer los servidores que participaron en el nombramiento del nuevo embajador de México, Álvaro Moisés Ninco Daza, sin los requisitos que exige la ley.
En las diligencias practicadas, el Ministerio Público encontró que el nombramiento se realizó por la compensación de requisitos que avaló la comisión de evaluación de méritos creada por el Decreto 750 de 2005 y conformada, actualmente, por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia; el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha, y la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño.
El funcionario que venía conociendo de la indagación, la remitió por competencia a la Sala Disciplinaria de Instrucción, porque uno de los integrantes de la comisión evaluadora, tiene la calidad de ministro, Arturo Luna Tapia -Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
En consecuencia, según se lee en la remisión, corresponde a la Sala Disciplinaria de Instrucción determinar si abre investigación contra el ministro Luna Tapia y el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha, por autorizar que Ninco Daza compensará con su experiencia la falta de requisitos para ocupar el cargo de embajador, compensación que, de acuerdo con el Decreto 770 de 2005, debe tener como fundamento una “experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio”.
Se advierte en el auto que, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño, se apartó del concepto de los otros miembros de la Comisión, al manifestar que no encontraba suficiente mérito en los estudios universitarios no terminados de Ninco Daza. Y sobre su experiencia laboral, expresó que no era la indicada para el papel fundamental que asumiría, si se tiene en cuenta la responsabilidad con México y la importancia como aliado comercial, político, económico y cultural, entre otros.
En consecuencia, será la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación la que determine si abre investigación contra el ministro Luna Tapia y el director del DAFP, César Augusto Manrique Soacha, como miembros de la comisión evaluadora de méritos.
