La intervención de la Policía Nacional permitió la seguridad de los funcionarios y su retorno a sus hogares.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido un enérgico rechazo a las amenazas dirigidas a sus funcionarios y a la toma de sus sedes en Santa Marta por parte del partido político Fuerza Ciudadana. Además, ha solicitado la intervención del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral en la región.
La situación se desarrolla en el contexto de la revocación de la inscripción de la candidata Carmen Patricia Caicedo Omar, del partido Fuerza Ciudadana, para la alcaldía de Santa Marta. Esta decisión, tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a presuntas inhabilidades relacionadas con su parentesco con el gobernador del Magdalena, aún no se encuentra en firme a la fecha, ya que existen recursos pendientes de resolución.
El conflicto se intensificó el pasado 29 de septiembre cuando militantes del partido Fuerza Ciudadana, junto con la alcaldesa de Santa Marta y directivos del partido, sitiaron las sedes administrativas de la Delegación del Magdalena y la Registraduría Especial de la ciudad. Exigieron un cambio y nueva inscripción de la candidata revocada, a pesar de que el CNE había certificado que la decisión no se encontraba en firme ni había sido notificada a la entidad.
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El personal de la Registraduría en Santa Marta enfrentó amenazas, intimidación y presiones por parte de las autoridades locales, candidatos de Fuerza Ciudadana y sus seguidores, quienes buscaban forzar el cambio de candidatura.
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ha estado involucrado en el conflicto, haciendo acusaciones contra la Registraduría en sus redes sociales y presionando para aceptar el cambio de candidato a la Alcaldía de Santa Marta.
Ante la persistencia de nuevas manifestaciones y tomas de las sedes de la Registraduría en Santa Marta, se ha decidido suspender la atención al público en todo el distrito turístico, cultural e histórico. Esta medida se ha tomado con el fin de proteger la integridad de los funcionarios y la ciudadanía en general.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha denunciado públicamente estas acciones que afectan el proceso electoral en Santa Marta y el Magdalena y ha responsabilizado a las autoridades departamentales y distritales de cualquier afectación o acto violento que pueda surgir.
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