Diputados piden a la Gobernación terminar el contrato con la concesión encargada de las fotomultas

Los diputados aseguran que en el contrato no hay ningún tipo de beneficio para los municipios.

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Expertos invitados a la sesión de ayer aseguraron que no hay justificación para la instalación de dos cámaras y el móvil de fotodetención en menos de 45 kilómetros.
En el tan esperando debate de las fotomultas, la Asamblea del Magdalena aprobó una proposición para que se demande el contrato de Concesión 695 suscrito con la concesionaria Unión Temporal Sevimag, para el manejo de los fotocomparendos en el departamento.

El debate citado por el diputado Jair Mejía y en el que se evidenciaron temas preocupantes como la violación del debido proceso a los ciudadanos como la sanción al dueño del vehículo sin identificar al conductor.

Además de la falta de un estudio que sustente la necesidad de la existencia de dos cámaras de fotodetención y un móvil en menos de 45 kilómetros en plena Troncal del Caribe a la altura de Puebloviejo.

La concesión Sevimag se ha lucrado desde el mes de octubre de 2014 hasta el corte de 2020 con más de $11.200 millones producto de las fotomultas; mientras que el gobierno departamental ha recibido $11.021 millones.

El recaudo total entre 2014 y 2021 en fotomultas es superior a los $28.856 millones. En lo que va del año van recaudado $803 millones en comparendos, mientras que solo en 2020 superó los $4.389 millones.

Los diputados aseguran que en el contrato no hay ningún tipo de beneficio para el municipio de Puebloviejo, tramo en el que están instaladas las fotomultas.

En la sesión hicieron presencia el jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte, David Gillot; los representantes de la Unión Temporal, Seguridad vial del Magdalena – Sevimag; concejales de Puebloviejo y expertos en seguridad vial.



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