En las últimas horas el Consejo de Estado admitió analizar una demanda que fue presentada contra el decreto que legalizó los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer para representar al Gobierno en el sepelio de la Reina Isabel II y del exprimer ministro de Japón Shinzo Abe.
El decreto número 1893 del 14 de septiembre de 2022, fue el que designó a Verónica Alcocer para participar en el funeral de Estado de la reina Isabel II en Inglaterra, a Estados Unidos para una conferencia de las Naciones Unidas y a Japón para el funeral de Estado del exprimer ministro Shinzo Abe.
Los viáticos de la primera dama provinieron del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se le dieron por pertenecer a la comitiva que viajó a dichos países.
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El abogado y veedor Daniel Briceño dio a conocer el volante de egreso de los recursos y expresó: “La Cancillería le consignó 32.395.322 pesos de viáticos a la primera dama Verónica Alcocer por sus viajes al velorio de la reina Isabel y su visita al primer ministro de Japón. Esto debe acabarse. Alcocer no es funcionaria, nadie la nombró, nadie la eligió”, denunció.
El pasado 14 de enero Verónica Alcocer se reunió con el papa Francisco en El Vaticano. A finales de enero, también visitó el Palacio de Miraflores de Venezuela para encontrarse con Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
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El demandante señala que: “Afecta de manera nociva el orden público, económico y moral, por nombrar, designar como embajadora a la esposa del presidente y ordenar el pago de viáticos y pasajes con cargo a recursos del erario público nacional”.
