La pérdida de las compensaciones sociales directas, se ven reflejadas con el no recaudo del orden de 350.000 dólares anuales, tras la renuncia al contrato de concesión.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció aquí un especial seguimiento de este organismo de control a los problemas que se han derivado del cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar.
La Jagua y Calenturitas son de vital importancia en la minería del Cesar y del país.
Estos dos proyectos tienen un fuerte impacto económico y social en los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, que hacen parte del denominado corredor minero del Cesar, que incluye además a los municipios de Agustín Codazzi y Chiriguaná.
Durante su operación estos dos proyectos daban empleo a más de 7.400 familias (1.200 empleos directos y 6.200 contratistas) y producían anualmente alrededor de $500.000 millones en regalías, impuestos y en compras y contratos.
Para la Contraloría es clara la necesidad de tener identificadas las obligaciones y compromisos (ambientales, económicos y sociales), que están pendientes y a cargo de la Agencia Nacional de Minería y de la empresa Prodeco. Esto en la medida en que su incumplimiento, representaría un gran impacto fiscal para el país, por cuando el estado debería asumir la mitigación de estos riesgos.
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Según un informe del acompañamiento realizado por las Contralorías delegadas del Sector Minas y Energía y de Medio Ambiente, la pérdida de las compensaciones sociales directas se ven reflejadas con el no recaudo del orden de 350.000 dólares anuales, tras la renuncia al contrato de concesión; así como el incumplimiento a los compromisos de reasentamiento de las comunidades de Boquerón, Plan Bonito y el Hatillo.
Impactos identificados por la Contraloría
Con la renuncia a los contratos de concesión se dejaron de recibir contraprestaciones económicas adicionales a las regalías, que no se pueden garantizar en los próximos.
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Estas contraprestaciones ascendieron a $2,66 billones entre 2012-2021 y para los años 2021-2030 se tenían estimadas en $2,24 billones.
Adicionalmente, se pierde la inversión social anual proyectada que para el año 2022 estaba estimada en $1.700 millones.
Otra situación que surge es que los bienes objeto de reversión gratuita (maquinaria y equipo e inmuebles e instalaciones etc.) pasarían a ser del Estado, por lo que se genera un riesgo por obsolescencia de la maquinaria minera cuyo valor está estimado en cerca de $2.000 millones de dólares.
En la actualidad, de acuerdo con lo previsto en los contratos de concesión minera suscritos en su momento, a partir de la terminación de los mismos se viene generando a cargo del estado un costo para el mantenimiento en condiciones operativa de las minas y sus maquinarias, calculado en $7 millones de dólares mensuales, de acuerdo con lo informado por Prodeco.
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Desde el punto de vista ambiental, se identifican los riesgos de posible ausencia de salvedades y salvaguardas en la liquidación de los contratos mineros considerando el cumplimiento de las obligaciones ambientales insatisfechas y las que se puedan generar en los Planes de Cierre definitivos.
A esto se suma la posible priorización de actividades de mantenimiento técnico, de infraestructura, equipos y taludes, sin realizar avances requeridos en compensaciones y restauración de las áreas.
Especial Seguimiento
La Contraloría General de la República decidió iniciar este Especial Seguimiento con el objeto reunir información en tiempo real de la gestión asociada a estos proyectos de gran interés para la región y para el país, así como emitir, si se identifican las condiciones habilitantes, las advertencias correspondientes relacionadas con los riesgos social, ambiental o económico derivados de la situación de los proyectos.
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En consideración a que la gestión asociada a los proyectos La Jagua y Calenturitas aún está en curso y a que existen riesgos para que la gestión de las entidades gubernamentales sea oportuna, es de interés del ente de control fiscal que estos se minimicen y se logren los objetivos de la política pública en beneficio de las comunidades afectadas por el cierre.
