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Más de mil niños de Zona Bananera sin alimentos

Esta es la comunidad de la Zona Bananera que reclama para sus hijos el beneficio del programa del ICBF en la Zona Bananera que desde el mes de diciembre no reciben apoyo alimentario.

Política
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La problemática afecta a 1.093 niños en Ríofrío, La Gran Vía, Sevilla, Guacamayal y Orihueca. La Fundación a la que se le adjudicó el contrato fue denunciada por presunta colusión, pero superada con pruebas la denuncia el gerente regional se ha abstenido de continuar el tramite perjudicando a los menores beneficiarios del programa.

Una delicada problemática denunciaron líderes cívicos y especialmente miembros de las organizaciones afro colombianas asentadas en el municipio Zona Bananera en el departamento del Magdalena, según la cual en total 1.093 niños y niñas de ese ente territorial estarían desde el pasado mes de diciembre sin recibir ayuda alimentaria proveniente de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, situación sobre la cual responsabilizan al actual director de esa entidad en este departamento, Leonardo Pérez Medina.

Según la información suministrada tanto por líderes de comunidades como padres de familia que van desde los corregimientos de Riofrío, La Gran vía, Sevilla, Guacamayal y Orihieca, entre otros, un programa denominado como Desarrollo Infantil en medio Familiar, también conocido como modalidad familiar, debió iniciar allí desde el pasado mes de febrero en algunos sectores de ese municipio, pero por un lío jurídico que existe entre el ICBF y el operador que se ganó el contrato, no se ha podido iniciar la operación del mismo, que debió arrancar desde el 1 de febrero, pero nada que inicia, privando a un total de 1.093 beneficiarios de las ayudas que deberían estar recibiendo mes a mes.

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¿Por qué no inicia?

En el marco de una convocatoria pública que a nivel nacional lanzó el ICBF para garantizar la atención de millones de niños en todo el país, en lo que corresponde al Magdalena una entidad cuya razón social es ‘Fundación Amor y Protección para la Infancia’, y cuya sigla es Fundaprofam, se ganó el derecho a operar los 1.093 cupos georreferenciados en esa parte de la Zona Bananera, tras lo cual se suscribió el respectivo contrato entre el ICBF regional Magdalena y la mencionada entidad, el cual además ya tiene su póliza de garantías, pero luego de ello, surgió un lío jurídico cuando la entidad ganadora fue denunciada mediante anónimo, bajo el argumento de estar inmersa en actos de colusión con otra entidad, por lo cual desde ese momento no se ha procedido a darle acta de inicio y formalizar así la atención de dicho contrato.


Leonardo Pérez Medina, gerente (e) regional ICBF
Leonardo Pérez Medina, gerente (e) regional ICBF

Una comunidad desesperada

Miembros de varios corregimientos y veredas le dijeron a EL INFORMADOR que, en varias oportunidades han debido trasladarse hasta Santa Marta para dirigirse a la sede regional del ICBF, donde se han reunido con el director regional encargado, Leonardo Pérez Medina, con quien han dialogado, pero éste, a pesar de haberse comprometido con ellos en darle una solución  al problema, dilata y dilata el tema; y mientras tanto, la comunidad y especialmente los niños de esa región son los afectados.

“Nosotros luego de varios diálogos infructuosos le dirigimos un derecho de petición al señor director regional, donde le solicitamos que nos diera una respuesta formal sobre esta delicada situación, donde los niños de nuestras comunidades desde mediados de diciembre no reciben ningún tipo de ayuda de estos programas del estado, pero en su respuesta el señor director nos dice prácticamente lo mismo, que existe un problema jurídico con el operador, pero lo que nosotros nos tiene indignados es que esto no se resuelve, máximo cuando ya conocemos que el operador ha podido demostrarle al ICBF por medio de unos documentos emitidos por la cámara de comercio de santa marta que al parecer no hubo ninguna irregularidad en el proceso y que se trató de un error de la cámara de comercio al momento de emitir los certificados de otra entidad, pero el tema va en que el señor director no define nada”, señaló uno de los voceros de la comunidad.

Por su parte, Wendy Pertuz, miembro de un consejo comunitario afro en ese municipio dijo que “nosotros no apoyamos la ilegalidad, si el ICBF se mantiene en que la entidad que se ganó el proceso procedió de mala forma, que tome las decisiones que correspondan, aunque nosotros tenemos los documentos donde la entidad ganadora de ese contrato estaría demostrando que finalmente ellos no estuvieron en ninguna irregularidad, pero al final a nosotras lo que nos interesa es que el señor director regional no dilate más este proceso, porque son ya casi tres meses los que han pasado desde el momento en que más de mil niños y niñas debieron comenzar a recibir sus refrigerios semanales y sus paquetes nutricionales cada mes; y eso no ha avanzado en nada”.

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En qué va el proceso

EL INFORMADOR, tuvo acceso a los pormenores del proceso desde el inicio del mismo, cuando el ICBF desde su sede nacional adjudicó el contrato de la zona que se había ganado la fundación Fundaprofam, hasta cuando luego, producto de las denuncias registradas por el presunto delito de colusión en conjunto con la corporación Sol Caribe, más adelante  se procedió a la firma del contrato y la suscripción de la respectiva póliza, pero lo último que allí ha acontecido es que el ICBF no ha procedido a darle acta de inicio al contrato, estudiando los pormenores de lo que allí sucedió.

Sin embargo, el malestar de la comunidad Zonera radica en que la regional Magdalena se esa entidad ha demorado mucho tiempo en tomar una decisión, máxime cuando la misma comunidad suministró a este medio los documentos aportados por la fundación Fundaprofam, donde quedaría evidenciado que la razón fundamental para no dar acta de inicio al contrato ya fue superada, puesto que se demostró que un señor identificado como Rafael Emilio Herrera Haya, en realidad no pertenecía desde el año 2020 a la junta directiva de la corporación Sol Caribe, aspecto éste que habría sido la génesis de la denuncia por el presunto delito de colusión, ya que este mismo señor sí pertenece a la junta directiva de Fundaprofam, pero al no pertenecer simultáneamente a la primera entidad, no se configuraría el mencionado delito, que a la postre sería un acto de corrupción.

Finalmente, voceros de los consejos comunitarios afro y padres de los más de mil niños que siguen viéndose afectados por el no inicio del programa anunciaron que si esta misma semana el director regional de ICBF no procede a darle una solución a este álgido tema, se trasladarán nuevamente hasta la sede de esta entidad en la ciudad de Santa Marta, pero esta esta orden con los padres de familia y sus hijos a fin de que de una vez por todas se le dé una solución a este entuerto, porque señalan que los niños y niñas no pueden seguir viéndose afectados y le corresponde al ICBF tomar una determinación, sea en la dirección que corresponda, pero la atención a los usuarios no se puede de rose un día más.

Por Rubén Peña

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