Colombia: un nuevo contrato social

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



¿A qué nos referimos con esto del contrato social? Esta expresión se refiere a la relación entre el gobierno y sus ciudadanos, a la definición, aplicación y respeto de sus mutuos derechos y deberes. En medio de una de las tantas guerras civiles de la Gran Bretaña, Thomas Hobbes escribe "Leviatan", su principal obra, en la cual define la necesidad de establecer acuerdos ciudadanos para establecer una paz duradera. Esos derechos y deberes son las cláusulas de ese contrato social. Rousseau lo definió después: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad completa de la que dispondrían en estado de naturaleza (todos contra todos, cuya consecuencia es el enfrentamiento entre los hombres para proteger sus derechos, esto es, la guerra): a más derechos, más deberes. A partir de un contrato social, cada derecho genera un deber, y viceversa. Creía Hobbes en la necesidad de poner orden a esas relaciones sociales, encargando de ello a un soberano (o, primer mandatario para nuestro caso), o a una asamblea, que detentan el poder, y el pacto social queda para los ciudadanos. La idea de John Locke al respecto es de corte religioso cristiano: si el hombre es una criatura de Dios, nadie puede destruir la vida ajena ni la propia: el hombre tiene el derecho y el deber de conservar su vida. Así mismo, el hombre no es súbdito de ningún otro hombre, sino que es libre.
El establecimiento de acuerdos sociales implica la existencia de un Estado en el cual, en su forma moderna, deben existir jueces para dirimir diferencias, creadores de normas, autoridades civiles y policiales, entes de control, fuerzas militares y todo aquello previsto para un correcto funcionamiento de una sociedad. Deberá haber un fino equilibrio entre esos poderes. Se requiere también de la formación de los ciudadanos y del respeto por parte de todos de las cláusulas de ese contrato social. En Colombia, ese pacto está definido en la Constitución Política de 1991, la cual con sus virtudes y defectos ha pretendido aplicar a cabalidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (pacto social entre naciones), una completa complicación de cláusulas que busca respetar los derechos fundamentales de los hombres, su dignidad y valor, y un armónico funcionamiento de los gobiernos y gobernados.
En nuestro país, los pactos están rotos y la carta magna no funciona debidamente, distorsionando peligrosamente el funcionamiento de la sociedad. En primer lugar, algunos grupos sociales han desconocido de tajo la Constitución, privilegiando posiciones dominantes mediante leyes acomodaticias y, muchas veces, recurriendo a la fuerza para mantener el statu quo. Otra parte de la sociedad ha creído que esa imposición de prerrogativas debe ser combatida por la fuerza de las armas y no con el poder de la dialéctica. Los acuerdos, secretos o abiertos, entre los operarios del Estado con poder y autoridad, han generado grupos con potestades aberrantes, que atropellan los derechos ciudadanos. Y el ciudadano, consecuentemente, no siente que el Estado sea suyo, que funcione para sí, sino que lo percibe como un obstáculo para el ejercicio de sus derechos y deberes: todo un caos institucionalizado con figura de gobierno.
Colombia debe privilegiar el capital como generador de riqueza, con reglas claras para la inversión, y respeto por el trabajador y sus derechos. El Estado debe estar en función del ciudadano y no, como ahora sucede, ser obstáculo insalvable (cuando no enemigo) para el ciudadano de a pie. Debe restablecerse el necesario equilibrio de los poderes, y eliminar las cooptaciones perversas de los puestos de mando. Las fuerzas policiales estarán al servicio del ciudadano de bien, ajenas a tentaciones aviesas, mientras que las autoridades civiles y jueces deben ser justas con los gobernados. A fin de cuentas, el estado es propiedad de todos. Las actuaciones deben ser justas y honestas; hay que premiar las capacidades de los empleados, su entrega y esfuerzos. Pero también es necesario fomentar la responsabilidad del ciudadano, la disciplina en sus actividades, la solidaridad entre las gentes y la honorabilidad.
¿Utópico? Muchas sociedades avanzadas funcionan de ese modo. Japón, Noruega, Alemania o Australia, tan diferentes entre sí, elevan al ciudadano por encima del estado, mientras en Colombia los gobernantes se creen privilegiados con derechos especiales. Tal vez, cambiar el chip requerirá mucho tiempo, pero hay que empezar. Por ejemplo, de lograrse detener la guerra infame que desangra a Colombia, habrá ocasión de replantear el funcionamiento de nuestra sociedad, donde tenemos índices aberrantes de desigualdad, falta de educación, pobreza, miseria desempleo, violencia de toda índole, etc., etc, etc. Se trata de la elemental aplicación de los derechos fundamentales escritos en nuestra constitución. Es la única manera de salir del estado de naturaleza (guerra) al que se referían Locke y los pensadores de la Revolución Francesa, Rousseau especialmente.



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