Sorprende ver que a varios de quienes en las aulas donde el faro es la frase post tenebras spero lucem, considerábamos nuestros maestros, ejemplos a seguir o eran compañeros con los que compartíamos anhelos y el proceso de aprendizaje, (y eso les debe pasar también a quienes estudiaron en otras prestigiosas almas mater) ahora se encuentren cuestionados por sus actuaciones como funcionarios públicos o en otros espacios. ¿Qué pasó con los valores filosóficos liberales que nos enseñaron en la universidad? como que no atendieron a los 15 minutos de ética que nos transmitía el profesor Mario Fernández.
Aunque no todos entran en el mismo saco de anzuelos, también es digno de admiración contemplar a algunos de estos maestros, aún conservar su dignidad y principios o a otros abogados anónimos que recibieron esta formación, sacar la casta desde diversas tribunas, columnas o estrados. Unas por otras, aunque al parecer estos últimos, son cada vez menos.
El año pasado cuando iban a firmar la reforma judicial, se armó una avalancha de críticas, de indignación desde las redes sociales que ocasionó una bola de nieve tan inmensa que al final de cuentas tuvieron que dar un paso atrás ante los orangutanes, elefantes, chapulines y camaleones que en un zoológico vario pinto amenazó con sustituir nuestro sistema democrático, así como abrir una franja de impunidad que como una ventana siniestra, beneficiaría a tantos de los que alguna vez también parecían gente exitosa, "decente", es decir, de aquellos que hacen parte de esa élite que se ha posicionado en este país como poseedores de una única verdad, al punto que hasta el escritor Alonso Sánchez llegó a titular en su reconocida obra Líbranos del bien...
En ese sentido, considero procedente que una amplia reforma a la justicia en este país, debe partir de una regulación del ejercicio de la profesión de abogado y de una sistematización de la normatividad vigente. En Colombia al año se gradúan cerca de 10.000 abogados de diversas universidades públicas y privadas. Tantos colegas en el asfalto, en un país democrático, podrían considerarse un riesgo social.
En fila siguen en los anales del Ministerio de Educación, muchas, quizás demasiadas solicitudes de registro calificado del programa de derecho y ni hablar del cúmulo de reformas a la constitución, de leyes, decretos, resoluciones, sentencias, contratos y demás actos administrativos, que muchas veces en vez de avanzar en la seguridad jurídica del país, enredan la maraña del sistema jurídico nacional, de la garantía de los derechos y de la sana cultura y convivencia ciudadana.
Esas dos líneas de trabajo, serían un propósito común nacional no sólo en materia de seguridad jurídica, sino de lucha contra la corrupción, el clientelismo, la impunidad así como de robustecer la igualdad en el acceso a un debido proceso y ante la ley de los ciudadanos y habitantes o de ampliar el conocimiento de nuestros derechos, obligaciones y libertades, como uno de los caminos más sesudos hacia la paz con justicia social.
Desde ese punto de vista, podría considerarse pertinente, como lo hicieron en otros países, deliberar si es posible suspender por una o dos décadas la inscripción de aspirantes a estudiar la carrera de derecho, al tiempo que se obligue a volver a las aulas a los ya graduados a actualizar conocimientos, fortalecer sus convicciones, especializar su ejercicio y renovar las colegiaturas.
De esta manera pienso que avanzaría el país en ampliar el número de graduandos de diversas disciplinas, con una debida planeación de las profesiones y oficios que se requieran, de acuerdo con las necesidades de la sociedad del conocimiento útil y también del riesgo global. Al tiempo que para las universidades, no habría un retroceso en sus esfuerzos en el área jurídica ni perderían en su rentabilidad, que, para algunas, al parecer es su principal preocupación.
Finalmente, se pondría el punto en las íes, de dimensionar a los estudiantes como epicentro del desarrollo, como los futuros líderes, agentes de la transformación social, económica y política de la nación en su rol de profesionales que le aporten a una sociedad moderna, democrática, en la que la ciencia, la tecnología y la innovación, se apliquen, como soportes del progreso, de la competitividad y de la equidad en el territorio.