Leyes absurdas en Colombia

En 2005 se estableció el Sistema Único de Información Normativa con el propósito de revisar las disposiciones legales vigentes en el país. Hace poco, propuso el presidente Santos al Congreso no producir más leyes durante seis meses, y más bien borrar aquellas innecesarias. Acá, algunas perlas y cantos a la bandera: la "godofrédica" ley 89 de 1890 rige los cabildos indígenas y "determina cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada": sin palabras; la obligación de tener un aviso visible con un número telefónico para informar como se conduce el respectivo vehículo; las filas preferenciales en los bancos para ancianos y personas con limitaciones; la eliminación de las autenticaciones, huellas digitales y certificados de supervivencia, entre tantas inutilidades de los estatutos antitrámites.

Existen obsesiones legisladoras: penalizar al consumidor de sustancias psicoactivas, un enfermo, como si fuera narcotraficante. Otras normas buscan protegen pequeños feudos: la revisión técnico mecánica de automotores cada dos años, o la inscripción del profesional en cada departamento para ejercer algunas carreras que, desde luego, están registradas previamente a nivel nacional. La tapa de las aberraciones es el reciente hundimiento de un proyecto de ley que buscaba declarar la salud como derecho fundamental.

Cuando no son los legisladores, son los jueces. A veces la interpretación es peor que la ley misma; en general, las sentencias desprecian los derechos de la mujer cuando se trata de delitos sexuales. Eso, cuando fallan "favorablemente", porque la inmensa mayoría de las veces ni siquiera dictan sentencia. Hay casos patéticos como el que pretendía imponer varios años de cárcel a un menesteroso que robó unos cubos de caldo concentrado, mientras que algunas leyes y sanciones por delitos atroces son ridículamente exiguas.

Quien transportaba peligrosos desechos sanitarios (alto riesgo de contaminación) recibió la "sanción ejemplarizante" de excarcelación a pesar de lo dispuesto por el Código Penal. En ocasiones, hay magistrados que fallan tasando un delito inexistente para castigar a un infractor; el mensajero que le tocó las nalgas a una mujer recibió cuatro años de cárcel; la revisión judicial demostró que la acción, si bien atentaba contra la integridad moral de la mujer, no era un delito sexual y el tocón salió libre sin expiación alguna; la exoneración de la pena en ésta caso fue tan grave como el excesivo castigo impuesto antes.

Ciertas disposiciones legales y otras "de comportamiento social" proceden de reglamentaciones extranjeras que acá se adoptan porque sí, y ya. Un viaje en avión es una colección de reglas estúpidas: pueden decomisarle un inofensivo depilador de cejas o un frasquito de medicamento, pues son poderosas armas letales: para las aerolíneas, usted es un terrorista dispuesto a inmolarse con sus compañeros de viaje, y todo por seguirles las aguas a unos paranoicos "expertos en seguridad aérea" que disponen denigrantes e innecesarios controles para ingresar a una aeronave; así, la pelea de la derecha radical estadounidense con el fundamentalismo musulmán se trasladó a todos los viajeros del orbe.

Si usted saca su teléfono celular en un banco (y ahora, casi que en cualquier fila), se convierte en inminente asaltante a la entidad o cualquiera de sus clientes. Si entra con un maletín a un centro comercial, usted carga una bomba para hacerla estallar de inmediato; si tiene pinta "rara" o la belleza física no es lo suyo, la policía le detiene por simple suspicacia; si anda en carro costoso, merece inmovilización de su vehículo, raqueteada y comparendo.

En éste mundo de prohibiciones, persecuciones y de irrespeto a los derechos ajenos, cabe preguntarse si en un futuro cercano los infantes que pronto serán adultos entenderán el porqué de tanta regla cretina y de tanta pendejada irracional. Lo mejor es que esos chicuelos no pregunten por "el espíritu de la norma" (mero subjetivismo del legislador); a lo mejor habrá una recóndita ley majadera para éstos casos y pueden recibir un castigo severo sin que nadie sepa el por qué; o, a lo mejor sí: quizás para satisfacer el ego, los caprichos o la convicción errada de un legislador, o para favorecer un determinado interés particular de unos pocos avispados. A los demás, que les caiga "el peso de la ley".