De opiniones y libertades

Cuando creemos que residimos en una Nación que dice ser libre e independiente, la porfiada realidad anuncia otras cosas. Desde hace mucho tiempo, el llamado cuarto poder ha servido, bien como medio de denuncia pública, como idiota útil de determinados intereses o, sencillamente, para algunos de ellos como medio de subsistencia. En el primer caso, no son pocos los gobernantes que prefieren medios callados y obedientes: hay verdades crudas, dolorosas y hasta peligrosas.

En el segundo renglón, existen medios conniventes que escudan las transgresiones de sus defendidos, y en el último caso, los hay que, como corcho en remolino, andan al vaivén de los tiempos y las circunstancias: de otro modo, saldrían del paseo. Hay los que han sido serios; otros se han extralimitado; algunos, apocados; hasta torpes. Pocos medios han tenido posiciones firmes y coherentes a través de los tiempos, y por ello son objeto de miradas recelosas, cuando no de ataques furibundos y hasta de cierres, ya sea forzados por las circunstancias o bien mediante simples decretos. La región, incluyendo a Colombia, lo prueba: basta una mirada al vecindario y un poco más lejos para vislumbrarlo. A través del tiempo, pocos mandatos del continente han sido respetuosos de las libertades de prensa y de opinión.

Idealmente, en un medio serio debe existir equilibrio entre la línea editorial, filosofía y política de un medio, y sus opinadores: todos los matices deben estar representados y debe existir plena libertad de expresión, aun en contravía del pensamiento del medio que le acoge. (Dicho sea de paso, ésta casa editorial ha sido absolutamente abierta y respetuosa con mis escritos, aún cuando a veces no concordemos en las líneas de pensamiento). Pues bien, todo éste introito para entender, en medio de las actuales convulsiones políticas, el porqué la Corte Suprema arremete contra las columnistas Cecilia Orozco Tascón (El Espectador) y María Jimena Duzán (Revista Semana). El pasado domingo, hace ya ocho días, en su columna semanal Cecilia Orozco considera que el alto ente judicial se encuentra politizado y al servicio de causas e intereses políticos, por lo cual apartan al magistrado Iván Velásquez. María Jimena, por su parte, razona en torno a los distintos raseros que tiene la suprema corte para tasar las penas cuando de congresistas se trata: considera ella que hay favorecimiento, política de por medio, y se refiere también al caso del magistrado Velásquez.

Podrán o no tener razón; inclusive, pueden ser denuncias con sesgos políticos definidos. Podrán acertar, pues sus argumentos se posan en análisis de hechos aparentemente comprobables, pero también equivocarse; las explicaciones podrían ser o no válidas. Pero sus columnas no pasan de ser simples opiniones editoriales.

La Corte Suprema de Justicia, en un alarde de poder (porque no es otra cosa), rechaza las afirmaciones de las columnistas y anuncia una demanda penal en contra de ambas periodistas por violación de ciertos derechos constitucionalmente amparados, como "la dignidad, el buen nombre, la imagen y la honra, entre otros, manifiestamente vulnerados por las columnistas" -dice la Corte- mientras que al mismo tiempo manifiestan "respeto del derecho fundamental a opinar", aún cuando rebaten los contenidos de los escritos por "gratuitos, ofensivos, injuriosos, calumniosos e irrespetuosos", y de "infundadas, torcidas, descomedidas y denigrantes, las afirmaciones de la columnista del periódico El Espectador".

Con el respeto que merecen los magistrados como personas y profesionales, cabe preguntarse: ¿no son humanos? ¿no se equivocan nunca? ¿están exentos de presiones e intereses políticos? ¿Sus decisiones nunca son susceptibles de despertar dudas?. Ahora bien: en el caso judicial de las periodistas señaladas, ¿ésos legistas se declararán impedidos para actuar?

¿Cabe la figura de ser juez y parte? ¿Habrá o no solidaridad de cuerpo entre los estamentos judiciales?. Los interrogantes son muchos y la claridad del eventual proceso hacia futuro, poca. Por otra parte, razón le asiste a los togados al considerar que el ejercicio del periodismo debe estar acompasado por "mesura, objetividad, responsabilidad y respeto por los derechos ajenos".

Cuando de denuncias se trata, cuando se pueda afectar el buen nombre de alguien, deben existir razones de peso en un escrito y, claro está, evidencia seria. Lo cual no significa un impedimento para enunciar una opinión, que cualquiera puede manifestarla sin el requisito de ser periodista y que, a fin de cuentas, es el pensamiento expreso de un individuo. En este caso, ninguna de las partes parece recular. Está en juego el ejercicio de la ley y la justicia, así como la libertad de opinión y el ejercicio del periodismo. Solo pedimos que la sindéresis y el buen juicio asistan a la justicia.