Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
Nada es perfecto. Cuando, a finales de 1991, los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro firmaron la nueva carta de navegación, el país nacional sintió aires refrescantes para la vida nacional al dejar atrás la necesariamente obsoleta Constitución de 1886 que reflejaba el pensamiento conservador de Caro y Núñez, claramente inconveniente, y abría espacios para pensar en opciones más democráticas, en especial lo referente a ciertas libertades hasta entonces inexistentes, equidades impensadas, participación ciudadana, equilibrio de poderes y respeto a los derechos fundamentales.
La señal de la imperfección era clara: en muchas ocasiones, los gobernantes de nuestro país aprueban normas a favor de los intereses generales, pero muchas veces también buscan su propio beneficio sin importarles la suerte de los ciudadanos de a pie, y eso pretendían con la tal "reforma judicial".
Una vez aprobado en el Congreso de la República el acto legislativo que le daría vida al monstruo antijurídico que buscaba únicamente prebendas para la clase política colombiana, los ciudadanos enfurecidos provocaron una histórica reculada de ellos empezando por el presidente Santos y por los altos dirigentes involucrados; la criatura se había quedado sin padres ni dolientes. La indignación nacional evitó otra fractura de la CPC del 91 y un nuevo asalto jurídico a la Nación, tal como el año pasado cuando los estudiantes del país encolerizados impidieron la "reforma educativa" que atentaba contra las necesidades formativas y el futuro de Colombia, ya de por sí endeble en éste campo. También se le envió una clara señal a la clase política: ya no podrán atropellar al ciudadano, y éste podrá usar sus derechos constitucionales y legales cuando lo considere necesario. Pulso que gana el pueblo, constituyente primario y patrón real de los mandatarios.
La pretendida impunidad y los beneficios adicionales para los parlamentarios eran parte de un oscuro pacto realizado por todos los poderes alineados por y desde el Ejecutivo en el que todos ellos obtenían grandes beneficios. Los magistrados de las Cortes ganaban tiempo de permanencia en sus cargos, aumentaban su poder y conseguían otras importantes gabelas; los parlamentarios, su anhelada impunidad que, todos sospechan, requieren para algo que se traen entre manos; el Ejecutivo, la posibilidad de perpetuarse directamente y en cuerpo ajeno, además de la facultad de pasar por el Congreso cualquier barbaridad que le viniera a la mente sin que las Cortes se interpusieran. Todo eso, en contra de observaciones realizadas por diversos colectivos de abogados y por importantes ciudadanos conocedores de tan complicados intríngulis, quienes ya habían notado la peligrosa tendencia del proyecto. Afortunadamente, el adefesio no alcanzó el paso sin retroceso de la promulgación, y la ciudadanía indignada.
El "hundimiento" del proyecto por instrucciones del presidente Santos a la Mesa de Unidad Nacional deja grandes preocupaciones. La más importante es que la propuesta de los 3 poderes no ha muerto: como un vampiro, duerme en el día temiendo la claridad, pero en cualquier momento de oscuridad puede revivir y cobrar su esperada cuota de sangre; por otra parte, los poderes cómplices esperan pacientemente para intentar otro zarpazo a la dignidad nacional, que vendrá con otro disfraz, nombre cambiado y formas diferente.
Adicionalmente, se avizoran tiempos tormentosos en "la cosa política", pues los congresistas le cobrarán al ejecutivo la olímpica cabriola de Santos que los puso en el ojo del huracán; la Corte Constitucional tendrá que responder rápida y efectivamente las demandas de constitu-cionalidad interpuestas con ocasión del acto legislativo que reformaba la justicia: no podrá pasar de agache ni avalar tamaño disparate.
Santos deberá hacer sus acostumbradas jugadas para recuperar la tal "unidad nacional". Juan Manuel Corzo, Simón Gaviria, los conciliadores y los que votaron a favor del proyecto tendrán muchas dificultades para explicarles a sus electores su equivocada actuación y recuperar la confianza perdida. Mientras tanto, el país nacional estará atento a que los irresponsables padres del vampiro no intenten oscurecer el día para que su engendro reviva. En ese caso, la actual Constitución, esa que pretenden revocar en causa propia, tiene herramientas de participación ciudadana que permitirán darle la estocada a su eventual resurrección y a ellos, la muerte política. Que no sigan jugando con candela.