Reforma a la justicia: los intocables y la indignación

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



Hay varias películas y series televisivas que, en diversos lugares y épocas, narran historias de personajes macabros que enfrentaron a la sociedad con la creencia de que, teniendo todo el poder, eran indestructibles y eternos:

se hacían llamar "los intocables"; pero tanto en el cine como en la vida real siempre aparece alguien que los enfrenta y derrota, tal como sucede en el clásico de Brian de Palma, de extraordinario reparto y magnífica realización: en los años 30, durante la Ley Seca un agente federal persigue al tenebroso capo Al Capone, quien detentaba todo el poder de Chicago -incluyendo policías y políticos a su servicio-, hasta lograr que se le inculpe de los delitos por ingresos derivados del juego ilegal y evasión de impuestos por esos ingresos.

Cinco de 23 cargos le llevaron a pagar once años de cárcel. Aunque nunca se pudo demostrar su participación en asesinatos, prostitución, juegos, contrabando y otros crímenes, finalmente cayó y se diluyó irremediable y lánguidamente. En Colombia, el más cruel y poderoso de todos, Pablo Escobar Gaviria, terminó muerto a balazos en un tejado tratando de huir de sus perseguidores: era un lejano y opaco recuerdo de sus "mejores" épocas.

Pues bien. Unos determinados funcionarios del Estado, pagados con nuestros impuestos, elegidos unos por nosotros y nombrados otros para representar nuestros intereses y jugando a "los intocables", asaltan la Constitución del 91 y, contrariando su espíritu, la demuelen a pupitrazo limpio, destruyen su estructura regresándola a oscuros tiempos pasados, le cuelgan una fauna completa de micos y orangutanes, secuestran a los poderes y, legislando en beneficio propio y en contra del país nacional, se arrogan unos derechos que nadie les ha concedido ni tendrían posibilidades de tener por las verdaderas vías legales, entre ellos el de la impunidad (sí, con p y no con m) parlamentaria, la imposibilidad de juzgarlos o de aplicarles la silla vacía y las inhabilidades, entre otras tantas aberraciones jurídicas que elevan a categoría constitucional. Se consideran ellos semidioses a quienes nada les puede suceder excepto por designio divino.

No tuvieron esos doce "conciliadores" el menor recato para modificar a su conveniencia el texto que les llegó, ya viciado desde las reuniones previas entre funcionarios de los tres poderes y promovidas desde el ejecutivo tan pronto ocupó el palacio presidencial. Tan espantoso es el monstruo sin padre que fabricaron a su medida que el rechazo absoluto no se hizo esperar; lo impensable ocurrió y es que fuerzas políticas opuestas e irreconciliables se alinearon en contra del esperpento. Tan grande ha sido el repudio que ahora todos quienes intervinieron en este episodio se lavan las manos y, como en las encuestas, nadie sabe y nadie responde; ahora el presidente Santos "se indigna", siendo que Palacio sabía cuál era el rumbo de la afrenta al ciudadano que favorece su reelección. Juan Manuel Corzo, presidente del Senado, de viaje para no enfrentar la crítica; Simón Gaviria, presidente de la Cámara, dice haber firmado sin lectura previa (si: ya voy, Toño); la mano derecha de Vargas Lleras, (ex ministro de Justicia y quien condujo toda ésta barbaridad y se apartó al final para no dañar su candidatura presidencial), senador Varón Cotrino dice que nunca estuvo de acuerdo pero la votó favorablemente y la firmó; y así sucesivamente.

Esta reforma constitucional aparentemente inconsulta (todo el país piensa que hay una confabulación detrás de ella) resulta ser un injurioso inventario de prebendas a favor de unos pocos, una invitación a la impunidad por parte de quienes ejerzan hacia adelante los poderes constitucionales y una vergonzosa manera de perpetuarse; y eso no fue ni el espíritu de los constituyentes del 91 ni lo que desea ningún colombiano de bien, dando argumentos a los colombianos para desatar toda la indignación posible y, lo que es grave, a quienes subvierten el orden público para continuar en su equivocado camino.

¡Cuánta liviandad moral! Razón tenía Mockus, que siempre termina teniéndola, cuando decía que era necesario implementar primero la legalidad democrática antes de la prosperidad, pues ésta sin la primera nos conduciría a lo que estamos viendo: "los intocables" haciendo de las suyas. Los colombianos en masa vamos usar todos los mecanismos de participación ciudadana previstos en la carta máxima para hacerles entender a esos pérfidos personajes, felones de vocación, que no son ningunos intocables y que el constituyente primario, que somos los ciudadanos del común, haremos valer nuestros derechos por encima de sus mañosas y torcidas actuaciones.

No se extrañen, señores "conciliadores", si mañana pedimos la revocatoria no solo del espurio acto legislativo sino de todo ese apestoso Congreso que algo grande se trae entre manos para pretender total impunidad en sus actuaciones, de por sí oscuras y ajenas a la realidad nacional. Tomar quinina antes de la fiebre, decían los abuelos, es lo que hacen estos "admirables" personajuchos. Por algo será. La pregunta del millón es: ¿a quién le hacen el mandado?

Apostilla: Cuánto vale una vida, nos preguntamos los colombianos: ¿un celular? ¿unas zapatillas? ¿un poco de dinero? ¿una expresión? ¿un capricho?. La vida en nuestro país está demasiado desvalorizada, según vemos diariamente en los medios informativos. ¿Qué estamos haciendo por cambiar las cosas?