Durante los años en que se cocinaba el Acuerdo de Paz con las Farc, a los colombianos se nos repitió una frase que aún retumba: “Hay que tragar sapos por la paz”.
Se nos pidió aceptar concesiones políticas, ver a criminales de lesa humanidad sin pagar un solo día de cárcel ordinaria y, para colmo de males, ver cómo el resultado de un plebiscito legítimo se pasaba por la galleta. La sociedad, cansada de tanta sangre, terminó aceptando bajo una única e innegociable condición: que la guerra sacara sus garras de encima de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Hoy, la realidad nos estalla en la cara con el cinismo de siempre. Aquellos sapos que nos tragamos no sirvieron para proteger a los más vulnerables. Los niños en Colombia siguen muriendo en enfrentamientos armados, siendo violados, siendo fusilados por intentar escapar y siguen cayendo bajo las bombas de una guerra absurda que nunca debió ser suya.
Las promesas de dejar de reclutar menores siempre fueron la moneda de cambio favorita de la guerrilla. Cada vez que querían ablandar la mesa de negociación o limpiar su imagen internacional, salían con el anuncio tramposo de que ya no incorporarían a menores de 17 o 15 años. Y mientras el pueblo colombiano, curtido en la mentira y el escepticismo, miraba con desconfianza, los organismos internacionales cometían el pecado de la ingenuidad. La ONU y la Unicef se dedicaban a enviar comunicados "saludando" y "celebrando" las palabras de un grupo experto en el engaño, en lugar de plantarse con exigencias serias, verificación real en el territorio y sanciones contundentes.
El reclutamiento forzado de niños no es un error de lectura ni un daño colateral; es un crimen de lesa humanidad. Someter a una a ser violada, maltratada y preñada en la selva, o ponerle un fusil a un niño que apenas aprende a vivir, es la degradación más absoluta de cualquier sociedad.
La Constitución colombiana es clara: los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. Sin embargo, en la práctica, son los últimos en la fila del presupuesto y los primeros en la línea de fuego. El dolor actual es doble. Por un lado, la indignación de ver que los herederos de esa violencia —las disidencias y otros grupos criminales— siguen usando las mismas tácticas de sometimiento. Por el otro, el silencio o la ineficacia de un Estado que prefiere discutir reformas en los escritorios de Bogotá antes que blindar las escuelas rurales del país, donde el hambre y la falta de oportunidades le pavimentan el camino a los reclutadores.
Tragamos sapos con la ilusión de que el campo colombiano descansaría. Nos dijeron que la paz justificaba el sacrificio de la justicia. Pero una paz que se edifica sobre las tumbas de menores de edad atrapados en el fuego cruzado no es paz; es una tregua hipócrita que solo benefició a los de arriba. La justicia transicional, la Fiscalía y la comunidad internacional no pueden seguir pasando de agache ante este horror. Ya es hora de dejar de saludar promesas de papel y empezar a exigir acciones drásticas. Si la paz no sirve para salvar a los niños, entonces no es la paz por la que este país sacrificó su dignidad.
Ver la realidad actual me obliga a decir con rabia y frustración que, en lo fundamental, el acuerdo fracasó. De nada sirve que el papel nos hable con tecnicismos de una Reforma Rural Integral, de Participación Política, del Fin del Conflicto, de la Solución al problema de las drogas ilícitas, de un Acuerdo sobre las Víctimas o de comités de Implementación y Verificación, si la variable humana más sagrada quedó desprotegida.
Si el Estado y los firmantes entregaron el país a cambio de un pacto que no fue capaz de blindar la inocencia de nuestra infancia, entonces no nos vendieron paz; nos obligaron a digerir un engaño histórico mientras los más indefensos siguen pagando la factura con su propia vida.
