El organismo de control reunió a alcaldes y entidades involucradas en el proceso de reversión del corredor vial para revisar avances, exigir cronogramas de intervención y garantizar los derechos de las comunidades afectadas.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades responsables del proceso de reversión del corredor vial de la Perimetral de Oriente de Cundinamarca para que fortalezcan la coordinación institucional y garanticen los derechos de las comunidades que dependen de esta importante infraestructura para su movilidad y desarrollo económico.
Durante una reunión liderada por el ente de control, participaron ocho alcaldes de los municipios vinculados al proyecto, quienes expusieron sus inquietudes frente al proceso mediante el cual el corredor vial será revertido a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. En el encuentro también se conocieron los avances presentados por la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Nacional de Vías, Invías, y la Alcaldía de La Calera respecto a la recepción de varios tramos de la vía.
La jornada permitió revisar los desafíos existentes en la transición administrativa y operativa del corredor, así como las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios asociados a esta infraestructura estratégica para la región.
Procuraduría pide hoja de ruta clara para el proceso
Como resultado de la reunión, las entidades acordaron realizar un nuevo encuentro con el objetivo de revisar detalladamente la ruta de recepción del corredor vial y consolidar un plan de acción conjunto que permita avanzar de manera organizada y eficiente en el proceso.
La Procuraduría insistió en la importancia de mantener un diálogo permanente, transparente y coordinado entre las instituciones involucradas, con el fin de evitar retrasos que puedan afectar la movilidad de los habitantes de los municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto.
Asimismo, el organismo de control solicitó a la ANI la presentación de un cronograma detallado de intervenciones en los puntos críticos identificados en las unidades funcionales 4 y 5. Estas obras serán ejecutadas mediante un otrosí suscrito con la concesión encargada del proyecto y está previsto que inicien a partir del próximo 1 de julio.
Según la Procuraduría, estas intervenciones representan un paso fundamental para garantizar la estabilidad de la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios que transitan diariamente por este corredor vial.
El ente de control también exhortó a todas las entidades comprometidas en el proceso a actuar bajo los principios de planeación y planificación, de manera que se asegure la adecuada prestación de los servicios relacionados con la vía y se protejan los derechos de las comunidades.
Finalmente, la Procuraduría reiteró que continuará acompañando y vigilando el desarrollo de este proceso para verificar que las decisiones adoptadas respondan al interés general y permitan preservar la movilidad, la seguridad vial y el bienestar de los habitantes de la región.
