Después de la inevitable euforia nacional, del circo mediático con cámaras y micrófonos por todas partes y de los forzosos protagonismos derivados de la liberación de policías y soldados secuestrados por parte de las Farc, es obvio preguntarse qué viene a continuación.
Tal hecho ha sido entendido por algunos sectores como un gesto unilateral de los subversivos tendientes a impulsar el diálogo entre el gobierno y la guerrilla.
No obstante, el presidente Santos considera que es importante pero no suficiente todavía para iniciar un proceso de paz; aun están abiertas las heridas del mal recordado asunto del Caguán.
El gobierno exige cese al fuego, liberación de los demás secuestrados, entrega de los desaparecidos en poder de las Farc, interrupción del narcotráfico y de los delitos atroces, además de una serie de condiciones ineludibles antes de cualquier negociación. Falta conocer que pretensiones tendrá la guerrilla, que tampoco serán fáciles, tal como lo demuestra la historia reciente.
Por otro lado, un colectivo significativo del país considera a las Farc como con un grupo terrorista que ha engañado siempre al país, que no tienen verdadera intención de buscar la reconciliación nacional, que es inaceptable negociar con ellos y que éstas liberaciones son artificios para detener la acción militar que les tiene al borde de la derrota; apuntan a la solución militar sin negociaciones.
Puede ser que ambos, en parte, tengan razón. No ha sido posible llegar a un acuerdo bilateral, en buena parte por el fundamentalismo y la visión obsecuente sin concesiones de la guerrilla, que siempre se ha mostrado partidaria de la toma cruenta del poder; de otra parte, las limitaciones que el ejercicio legal impone a los representantes del estado colombiano, las presiones políticas internas y las eventual intervención supranacional.
No le es dable al gobierno salirse del marco legal, y menos cuando se deben cumplir las legislaciones internacionales a las que Colombia se debe como miembro de organismos supranacionales. Los obstáculos serán enormes y difíciles de sortear; sin duda, los enemigos de una negociación, que los hay de parte y parte, harán lo posible para evitarla. Los ejemplos sobran y se requiere verdadera intención de los equipos negociadores y todo el apoyo del gobierno para avanzar efectivamente en busca de la anhelada concordia nacional.
Por ejemplo, el caso de Piedad Córdoba, por quien no profeso simpatías por su defensa de modelos y regímenes ajenos a la democracia y de corte totalitario, pero a quien se le tiene que reconocer su gestión en busca de la paz a través de tales liberaciones. Para muchos colombianos, su accionar como parte del colectivo colombiano por la paz corresponde a un intento de reciclaje político; se le considera guerrillera, enemiga del país y muchas otras cosas.
Para otro sector, ha sido gestora del regreso de la selva de colombianos que inmerecidamente han sufrido uno de los peores flagelos como el del secuestro; nadie puede mostrar unos resultados ni remotamente parecidos.
De cualquier modo, en una eventual mesa de negociaciones poco importan las ideologías o las militancias políticas si el objetivo central es buscar un regreso a la civilidad de unos colombianos alzados en armas que bajo el ropaje de insurgencia han transitado caminos deplorables cometiendo crímenes de lesa humanidad en nombre de la redención de un pueblo que poco les apoya.
Una proyección de todas las dificultades que genera un acercamiento en busca del cese al fuego, de la desmovilización y el reintegro a la sociedad civil se puede obtener mirando al pasado reciente en cuanto a todas las negociaciones fracasadas y a las pocas exitosas con la guerrilla, sin descartar lo que se acordó con las autodefensas en Ralito.
Lo importante, en todo caso, es que Colombia merece descansar, ojalá para siempre, de tan grave realidad que solo ha traído miseria, desolación y muerte, y que ha negado el progreso a una nación que tienen todo para ser una potencia emergente de vedad verdad que beneficie a todos sus habitantes.
Apostilla. Siguen sin convencer las razones de una negativa del gobierno al nombramiento de José Antonio Ocampo en el FMI. ¿Qué hay realmente detrás de esa oposición?
