Salud en crisis

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com

Hipócrates, el famoso griego considerado el padre de la medicina occidental, cambió los patrones filosóficos y éticos de ella para elevarla a la categoría de ciencia y profesión, separándola de la superchería, la ignorancia, el pensamiento mágico y las prácticas religiosas a través de la observación analítica, el juicio clínico sensato y las terapias apropiadas para cada enfermo.

En el campo de la ética, promulgó el conocido juramento que lleva su nombre y que todo médico hace al momento de graduarse. Dice la promesa del helénico: "Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos."

Un reciente decreto del gobierno nacional, con la plausible, necesaria y urgente intención de combatir el maltrato a la mujer, exige la denuncia de éstos hechos por pate de los médicos y las instituciones hospitalarias que los conozcan.

Desde ya se enciende la polémica, pues consideran los galenos y sus gremios que la obligación legal de denunciar, tal como salió de la Presidencia de la República, obliga a romper el juramento hipocrático y el actual Código de Ética Médica, atentando contra uno de los pilares fundamentales del templo de la profesión.

Algunos académicos prestigiosos sugieren que para validar legal y éticamente esta nueva exigencia, la violencia contra la mujer debe catalogarse como un problema de salud pública. Agrego yo: debe incluirse en el listado de los eventos de notificación obligatoria, para que actúe como un informe estadístico a disposición de las autoridades competentes, al igual que las enfermedades transmisibles o las lesiones por pólvora, y no como una denuncia por parte del equipo de salud y las instituciones de atención.

Fue detenido en Francia Jean-Claude Mas, un cínico criminal con disfraz de empresario. Es el responsable de la fabricación de las prótesis fraudulentas PIP, que con toda razón han generado tanta reacción por todo el orbe. Los cargos de homicidio involuntario y lesiones podrían confinarlo en prisión por cinco años y llevarlo a pagar € 75.000, mísero castigo frente al enorme daño que ocasionó: se deja constancia de que no solo en Colombia hay estas absurdas injusticias.

A quienes les fueron implantadas éstas prótesis no deben dejarse llevar por el pánico, y consultar con el especialista que les operó. Si bien existe el riesgo de cáncer por la presencia de sustancias no autorizadas en humanos (la causa central del sobresalto mundial), no se ha demostrado todavía una relación de causa-efecto entre esa enfermedad y las prótesis PIP, particularmente si no hay ruptura de las mismas; no todos los lotes producidos son defectuosos. Cada caso debe ser evaluado juiciosa y meticulosamente pues, a final de cuentas, no todos los pacientes están en riesgo, afortunadamente.

Hace poco, un importante diario de circulación nacional publicó con ignorancia supina y gran despliegue de soterrado amarillismo una nota referente a los honorarios profesionales de los médicos, revolviendo todos los elementos como en sancocho de río: lo público y lo privado, a los asalariados y a los cooperados, al caldo con la vitualla.

Además de ser una nota que desdice de su autor, se pone en riesgo a muchos abnegados profesionales atropellados por el actual sistema. Si bien en el campo privado hay unos pocos profesionales exitosos que tienen ingresos significativos, la gran mayoría de los médicos pertenece al sector público o trabaja para las EPS con ingresos precarios, por fuera del sistema de seguridad social y sin estabilidad laboral, con enormes responsabilidades y con una creciente carga de exigencias por parte de las instituciones de salud, presionadas a su vez por todos los problemas del modelo vigente.

Esto obliga a repensar el sistema vigente, basado en el ánimo de lucro y la concentración oligopólica en los intermediarios de salud (las muy cuestionadas EPS), olvidándose de la condición de derecho fundamental que es la salud, del bienestar de sus trabajadores, (la piedra angular del funcionamiento del sistema) y de las necesidades de los pacientes, imperiosa prioridad.

El barco de la salud hace agua por todas partes. Beatriz Londoño, la nueva Ministra de Salud, recibe un navío con visos de naufragio. La brillante carrera de la ministra, con ejecutorias importantes, hace creer en que pondrá su empeño en el mejoramiento de un sistema (algo así como perfeccionar un reloj de arena), esencialmente economicista, que no satisface a ninguno de sus actores, desvirtuado por la corrupción.

¿Habrá llegado la hora de revisar y, por qué no, cambiar el actual modelo por otro en el cual desaparezcan los voraces intermediarios afanados únicamente por el lucro a ultranza y deficientes controles estatales, por otro donde el paciente reciba una atención digna y de calidad con todo lo que ese concepto implica, con un sistema tarifario acorde con la realidad nacional, que las instituciones cuenten con sus recursos debida y oportunamente, y que los profesionales de la salud recobren la dignidad perdida?

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