En Santa Marta y hasta se podría decir que en la Región Caribe, existe una preocupación generalizada sobre el fenómeno social del incremento del uso de la motocicleta como medio de transporte público y privado.
Algunos hasta se han enriquecido con la compra masiva de motos, la "guerra" del centavo y la explotación de los conductores pagándoles a destajo míseros estipendios y sin tener la posibilidad de ser propietarios de su moto, otros ven en esta actividad su única opción de renta familiar y muchos la usan como principal medio de transporte.
En las grandes ciudades y suburbios de la China, la mayoría de los ciudadanos, desde el ejecutivo hasta el obrero, se transportan en motocicletas a gasolina, eléctricas o híbridas, de bajo cilindraje, baratas y amigables con el medio ambiente. Con disciplina y planeación de la movilidad, la gente viaja a baja velocidad, por buenas vías, sin persecución ni estigmatización y llega seguro a su trabajo.
Eso hace parte de la calidad de vida y también de la dignidad humana. Quizás por ello, Cecilia López dijo que la pobreza, el desempleo, el mal servicio de transporte público y la exclusión, son los principales componentes del nacimiento y generalización del mototaxismo en la Región Caribe.
Nosotros le agregaríamos la excesiva informalidad de la economía costeña, la desigualdad y el alto costo de la gasolina. En esa vía, no creemos en decisiones represivas o en grandes cementerios de motocicletas en parqueaderos concesionados que contaminen el entorno, generen lucro para unos pocos y atropellen a la ciudanía, sino que confiamos en diálogos y acuerdos sociales democráticos en los que participen todos los sectores de la sociedad en la solución de los principales problemas de la ciudad.
Para nadie es un secreto que el transporte por motocicleta es un servicio económico que genera utilidad y beneficios al usuario en distancias cortas y por vías demarcadas, siempre y cuando se cuente con estrategias claras que evidencien los siguientes componentes mínimos: en materia de movilidad y de seguridad, en un entorno de ciudad verde y digna en su malla vial, en el que confluyan los diversos tipos de transporte público, las motocicletas, las ciclorrutas y los andenes para la gente. Es más, sería favorable planear hacia el futuro una especie de motorruta.
En lo organizativo: fortaleciendo las organizaciones comunitarias del gremio de los motociclistas hacia una prestación prudente, acorde con las normas nacionales y, también, segura del servicio de transporte. En el turismo: para que se transforme una porción del mototaxismo en una actividad turística organizada de guíanza bilingüe, con cabinas de tres ruedas, para el recorrido de los visitantes por los principales lugares históricos y turísticos de la ciudad.
En la generación de igualdad de oportunidades: promoviendo alternativas equitativas de ingresos y empleo para la sustitución de esta generalizada y, tal vez única, opción actual de subsistencia entre los desvalidos de la ciudad, a través de proyectos productivos y alianzas para el emprendimiento empresarial. Así se podrían enganchar a los conductores que tengan la intención de sustituir su actividad de lucro familiar hacia otras iniciativas u oficios a través de la formación, la entrega de unidades productivas, el acceso a micro créditos de capital semilla o a proyectos productivos que le permitan ingresos suficientes para su congrua subsistencia.
En lo concerniente a la cultura ciudadana: para que los motociclistas con programas de formación, participen en la difusión entre la ciudadanía de la cultura de la legalidad y del respeto a las normas de tránsito. En inclusión social: para que se facilite a las organizaciones y a los motociclistas excluidos, el acceso a las políticas de bienestar de la Alcaldía Distrital en salud, educación, formalización y generación del empleo, inversión social y todas las dimensiones de la lucha contra la pobreza. En la articulación y coordinación del sistema de movilidad de la ciudad: entre las diversas organizaciones del motociclismo organizado, los gremios, los usuarios y las instituciones públicas, para que se proponga una reglamentación integral de todas las formas de transporte en la ciudad.
En la cultura de la legalidad: a pesar de que la Ley 336 de 1996, cataloga a las motocicletas como de uso particular por lo que no se pueden considerar de transporte público, se podría considerar realizar consultas populares y estudios técnicos, en alianzas con otros ciudades hermanas de la Región Caribe, sobre satisfacción y eficiencia del servicio al usuario, en donde no llegan otro tipo de vehículos o donde no acceden las rutas de buses, con el fin de iniciar el trámite de recolección de firmas para presentar un proyecto de ley que genere condiciones de formalización o de recomposición de la prestación del servicio.
En la gestión pública de los gobernantes de turno, para que en representación del gremio de los motociclistas, de la ciudadanía en su conjunto y con el apoyo del Gobierno Nacional, se agencien proyectos de estímulos y acceso a créditos blandos orientados a las familias que usen la motocicleta como medio de transporte privado, para que sean propietarios de máximo dos vehículos de cuatro tiempos y de bajo cilindraje.
En la sistematización administrativa y organizacional de la movilidad de la ciudad, para que se normalice y controle el transporte público en Santa Marta con vías accesibles, recuperadas y planificadas que permitan la inclusión de las zonas suburbanas y una prestación a bajo costo y eficiente para los usuarios. Y finalmente no descartar la posibilidad hacia el futuro de articular en un proceso de planeación estratégica del desarrollo al motociclismo organizado en el nuevo sistema integrado de transporte público como rutas alimentadoras en los barrios, cerros y comunidades de difícil acceso de otros vehículos.
En Santa Marta, entre otras, con estas iniciativas se hará necesario que se suscriba un gran pacto por la movilidad de la ciudad, del que le hacemos un llamado a la administración que inicia, que incluya alianzas público privadas estratégicas y demás consensos pertinentes con la participación de la Alcaldía Distrital, el Ministerio de Transporte, el gremio de los transportadores formales, las organizaciones de motociclistas, los usuarios, los gremios productivos, las universidades y hasta la Fuerza Pública, partiendo de la base de que si no se crean alternativas dignas de empleo y de eficiente prestación del transporte público, tampoco se puede atacar a la subsistencia y a la demanda de transporte de la mayoría de los samarios.