Promover la ética pública

Columnas de Opinión
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Es, como la Ética en sí misma, una ciencia práctica. Ciencia, porque el estudio de la Ética para la Administración pública incluye principios generales y universales sobre la moralidad de los actos humanos realizados por el funcionario público o del gestor público. Práctica, porque se ocupa fundamentalmente de la conducta libre del ser humano que desempeña una función pública, proporcionándole las normas y criterios necesarios para actuar bien, adecuadamente, según los dictados de la recta razón aplicados sobre el servicio público.

Se dice que la Ética es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles valores de servicio público. En una primera aproximación, estudia el comportamiento de los funcionarios, del personal al servicio de la Administración pública, en orden a la finalidad del servicio público que le es inherente. Es la Ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en cuanto realizados por funcionarios públicos, por personas que trabajan al servicio del sector público.

Centralidad de la ética pública es la idea de servicio a la colectividad en general y a la sociedad, en definitiva; al igual que la conservación, promoción, impulso, potenciación y afianzamiento del bien común. La idea de servicio al público, a los ciudadanos, es el fundamento constitucional de la Administración y debe armonizarse con una Administración Pública que presta servicios de calidad que defiende, protege y promueve el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Una Administración que se mueva en esta doble perspectiva, debe ser una Administración compuesta por personas convencidas de que la calidad de los servicios que se ofrecen tiene que ver con el trabajo bien terminado; y que, además, es necesario satisfacer los intereses legítimos de los ciudadanos en los miles de expedientes que hay que satisfacer.

Ayudar a la Administración moderna que demanda un Estado Social y democrático traduce finalmente, asumir el protagonismo de sentirse responsables, en función de la posición que se ocupe en el engranaje administrativo, de sacar adelante los intereses colectivos. En un Estado Social y Democrático de Derecho, la Administración no es dueña del interés público sino que está llamada a articular una adecuada intercomunicación con los agentes sociales para definir las políticas públicas, perspectiva desde la que puede entenderse mejor la función promocional de los poderes públicos, cuya misión es crear un ámbito en el que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales y colaborar con la propia administración en la gestión de los intereses públicos, escenario en el que estaremos más cerca de un aparato público que ofrezca servicios de calidad y promocione los derechos fundamentales de las personas; más por cuanto la ética pública, se mueve entre la Ley y el Derecho.

Hace la ética referencia a valores que trascienden a la persona y al comportamiento de los individuos, al tiempo que supone la existencia de unos valores que van más allá del Derecho y que, a la vez, le sirven de base, ya que sin ética no hay justicia y sin justicia no hay Derecho. A los funcionarios y a los ciudadanos les conviene que estén tipificadas las faltas de servicio y que se distingan de las faltas personales porque, no todo en la función pública puede reducirse a derechos. Por eso es importante delimitar los ámbitos respectivos del Derecho y de la Ética. En el derecho existen principios entre los que los derechos fundamentales que han permitido, o deben hacer, que el ordenamiento jurídico transcurra por caminos de respeto a la persona.

Insuficiente es el derecho para envolver toda la actuación de los servidores públicos y para remediar los perjuicios de lo que no va de conformidad con los cánones de la buena administración, sobre todo en un tejido de creciente complejidad donde la eficacia debe estar integrada a la legalidad, siendo necesario preservar y realizar a cabalidad los valores del servicio público; de ahí una cada vez manifiesta necesidad de una ética pública de máximos, soportada en principios universales que sirvan de guía para la reflexión, la comprensión moral y la actuación pública, en oposición a una de mínimos, fundamentada en la apenas formulación negativa de aquello que no se puede hacer.