Sector público y ética

Está representado por el Estado a través de las instituciones, organizaciones y empresas con parte o la totalidad de su capital de origen estatal; y, conformado por el sector público centralizado (o sector fiscal) y el sector público descentralizado. El fiscal incluye todas las instituciones y organismos que representan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; el descentralizado, por su parte, todos los servicios y empresas estatales y otras empresas en las que el Estado tiene alguna participación en su propiedad.

Son funciones del sector público, promover la eficiencia económica, mejorar la distribución de la renta, propicie la estabilidad, el crecimiento; y, por supuesto, otras como mantener la seguridad de la nación. Se financia principalmente de la recolección de tributos y de la emisión de deuda y la emisión de deuda y otros ingresos menores como son las ganancias de empresas de propiedad estatal, donaciones y venta de servicios de la administración pública. Con la globalización, cada vez es más importante el tema de adquirir deuda. Aunque no es imprescindible, cuando los Estados no consiguen ingresar suficiente dinero vía tributos, lo que hacen es pedir prestado en los mercados. Estos préstamos que realizan a los estados se acumulan en forma de deuda pública.

En la relación buen gobierno / buena administración debe estar presente siempre la dimensión ética, puesto que se ha caído en cuenta que el gobierno y la dirección en el sector público, en la medida en que tiene que ver sobre el servicio objetivo al interés general, connotar debe una potente dimensión ética. La dirección y el gobierno en la administración pública debe estar orientada al bienestar integral de los ciudadanos y facilitar que la gente viva en mejores condiciones de vida, objetivo a estar en las contrataciones públicas.

La Administración Pública en un Estado social y democrático de derecho ha de distinguirse por principios de legalidad, eficacia y servicio. Legalidad, porque el procedimiento administrativo es ruta pensada para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Eficacia, porque se exige a la organización administrativa ofertar productos y servicios públicos de calidad. Y, servicio, porque la justificación de la existencia de la Administración se encuentra en servir a los intereses colectivos; esto es, el servicio del bien común.

Circunstancias que demandan un cambio sustancial en la concepción y actuación de la Administración Pública; razón por la que los programas de reforma y modernización de la Administración Pública deben tener como objetivo recuperar esta concepción instrumental de la Administración; para lo cual deben incidir sobre varios elementos claves, la introducción de criterios de competencia en la Administración, la desburocratización y simplificación de los procedimientos, la motivación del personal, la reducción del gasto público y su gestión de acuerdo con criterios de eficacia y eficiencia, en un marco en el que la Administración Pública contribuya decididamente a una constante realidad humanizada.