Reforma universitaria

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



Perú y Colombia tienen marcadas diferencias, pero también muchas semejanzas.
En las constituciones de ambos países se garantizan los derechos fundamentales, y se protege la educación como un derecho esencial de los ciudadanos. Allá y acá existe una brecha enorme y creciente entre la educación pública y la privada, tanto que la formación es más un privilegio para quien pueda pagarla, y no aparece como una obligación estatal. En Colombia parecería que el estado desea desprenderse de ese contrato social, como lo ha hecho con otros derechos constitucionales que debería garantizar.

¿A qué viene este paralelo? Hace poco, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Perú (Sunedu) les retiró la licencia de funcionamiento a 50 instituciones universitarias (3 de ellas públicas) de 147 existentes en ese país por incumplir los requisitos de calidad que exige el estado. Allá tienen claro que la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural del país. Pero ese derecho a la educación de calidad se va desvaneciendo a medida que las poblaciones se distancian de los principales centros urbanos, particularmente en las zonas rurales y selváticas. Cuando desfallecen las posibilidades económicas, menos calidad educativa tendrá un estudiante. Según esa decisión, las universidades sancionadas no podrán entregar títulos universitarios; los contenidos de los programas educativos no siempre son homologables. Son 232.000 alumnos afectados porque los establecimientos universitarios que debieron resolver las fallas estructurales y acogerse a la Ley General de Educación no lo hicieron cabalmente; tienen un plazo de 2 años para cumplir las exigencias legales. Algunos alumnos afectados podrán trasladarse a universidades licenciadas con reconocimiento parcial de sus estudios; otros, con títulos de esas universidades, serán reconocidos por el estado, pero el mercado laboral para ellos será difícil y estrecho. Otros más quedan el aire, y con su dinero perdido; deberán comenzar desde cero.

La ley universitaria peruana estableció unos mínimos de calidad y determinadas condiciones básicas; para Hugo Ñopo, del Centro Peruano de Investigaciones Grade, ese piso es muy bajo. Allá como acá, los intereses políticos interfieren en la búsqueda de una educación de calidad. Expone Ñopo la necesidad de subir gradualmente los niveles de exigencias mediante controles permanentes que garanticen el cumplimiento de la normatividad; además, se deben brindar ayudas reales y efectivas a los estudiantes en caso de cierre de un establecimiento universitario. El problema educativo del Perú es común a todo el mundo hispanohablante, Colombia incluida, naturalmente: de las 10 mejores universidades del mundo, 9 son inglesas y estadounidenses; la otra es Suiza. Ese ranking de la consultora británica Quacquarelli Symononds se basa en un análisis combinado, subjetivo y objetivo. Las únicas universidades hispanoparlantes entre las primeras 100 son la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México; ambas públicas. Los Andes, en el puesto 227, y la Nacional, 259, están entre las 10 mejores de Latinoamérica.

Colombia está en mora de invertir seriamente en la educación pública superior, con universalidad, gratuidad y calidad; accesibilidad en las regiones apartadas; contenidos académicos actualizados, con homologación internacional para buscar competitividad; tecnología de punta para las universidades; profesorado con especialización y doctorado; asesoría e intercambio con universidades reconocidas internacionalmente, ayudas económicas a los estudiantes para evitar la deserción académica, y un sinfín de requisitos necesarios para hacer de la educación un patrimonio nacional. Es costoso, pero no es caro. ¿Los recursos? Si la corrupción nos roba 50 billones cada año, obliga un control fiscal real y efectivo; la guerra consume otros 8 billones. ¿Cuántos billones más consumen los excesos de la Presidencia, el Congreso y las Cortes? Con solo detener la guerra, frenar la corrupción y quitar los principescos boatos de los poderes públicos hay dinero de sobra para generar empleo formal, educar a nuestros ciudadanos e invertir a raudales en ciencia, investigación, desarrollo y tecnología. Se opone a esto un estado ladrón, como decía Lemmos Simmonds. Además, gobiernos corruptos y guerreristas sin voluntad de cambio.


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