La salud en tiempos del Coronavirus

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Escrito por:

Hernando Pacific Gnecco

Hernando Pacific Gnecco

Columna: Coloquios y Apostillas

e-mail: hernando_pacific@hotmail.com



En la Constitución Política de Colombia de 1991 aparecieron numerosos derechos fundamentales, pero no la salud como un acápite específico; tampoco lo estaba en la de 1886. En 1993 fue declarada por la Corte Constitucional como derecho fundamental en conexidad con el derecho constitucional a la vida; aun no era un derecho autónomo. Sólo hasta 2007 esa misma Corte determinó que la salud sí lo es. La ley estatutaria 1751 de 2015 “garantiza” el derecho a la salud y responsabiliza al Ministerio de Salud como garante del goce efectivo de ese “servicio público” para todos los habitantes de Colombia. Pero la salud nunca ha sido considerada por muchos legisladores y gobernantes como algo distinto a una mina de dinero.

La ley 100 de 1993 llevó a la salud por el camino de la privatización colocando a voraces pero innecesarios intermediarios entre ese derecho fundamental y el ciudadano. Esos mercantes pasaron a ser “aseguradores”, los pacientes son “usuarios”, cada ciudadano debe pagar por su salud, el estado subsidia a la población desprotegida (y a muchos avivatos colados en ese régimen), el afán de lucro obstaculiza la debida atención, aparecen carteles para saquear las finanzas, se desvía el dinero de la atención sanitaria a sectores ajenos a la atención. Y así, hasta el infinito.

Por otra parte, los aseguradores demoran impúdicamente los pagos a los prestadores; muchos de estos vinculan a los profesionales mediante contratos de prestación a tarifas deplorables y pagos demorados; por su propia cuenta van pensiones, cesantías, riesgos profesionales y salud, sin derecho a vacaciones ni a condiciones laborales justas. Deben redoblarse para obtener unos ingresos apenas razonables. Muchas instituciones prestadoras restringen la autonomía profesional en detrimento de la salud del paciente. Los aseguradores practican la “integración vertical”, una suerte de concentración del negocio en sus propios centros de atención: el yo con yo. Agregue ahora los numerosos y engorrosos documentos a diligenciar y las exigencias de calidad no siempre simétricas que demandan las autoridades sanitarias. Sí: La ley 100 mejoró sustancialmente la cobertura, pero la calidad de los servicios en general aún dista de lo esperado; para muchos actores, el negocio está por encima del derecho fundamental. El régimen subsidiado es para muchos un inagotable filón de oro. Algo anda mal cuando todos, aseguradores, pacientes, prestadores y profesionales se quejan del sistema.

Ahora bien: la actual epidemia del coronavirus desnudó graves falencias de la salud en Colombia. A potestad de los particulares, la atención final de la epidemia recae en profesionales que laboran en condiciones deplorables. Ya hay varios afectados, no hay elementos diagnósticos suficientes, confiables y adecuadamente distribuidos geográficamente ni celeridad para obtenerlos. Se trafica miserablemente con elementos básicos no garantizados sin control de las autoridades policiales, comerciales y sanitarias aumentando así los riesgos sanitarios. Agregue usted unos niveles de informalidad y precariedad enormes que obligan a muchos ciudadanos a salir de casa para rebuscarse la vida. No existen albergues para los inquilinos lanzados a la calle; las aglomeraciones para acceder a los sistemas de transporte masivo son aterradoras. La epidemia atacará brutalmente, más allá de cifras desactualizadas y poco confiables que nos muestran.

La salud en Colombia debe cambiar irremediable y urgentemente. Los legisladores, en vacancia paga (y de qué manera) debe hacer algo memorable por este país, más allá de propender por sus privilegios principescos y, en no pocos casos, el lucro personal ilícito. ¿Qué hacemos buscando guerras ajenas, gastando enormes sumas de dinero en represión policial, en aviones de combates para conflictos imaginarios, o permitiendo la impúdica corrupción? ¿Cómo niegan las ayudas mínimas a los desprotegidos mientras la banca recibe enormes e inmorales beneficios? Señores gobernantes y legisladores: necesitamos menos cuarteles y más hospitales, menos balas y más escuelas, menos represión y más atención, más formalización laboral y menos corrupción. ¿Están dispuestos ustedes a resolver las reales necesidades del ciudadano? Hay mucho por cambiar de raíz.


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