Lo dijo el jefe de la delegación colombiana en el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, Lorenzo Caraffi, al terminar su misión en el país, donde la situación en varios territorios ha empeorado claramente desde que llegó hace casi cuatro años.
No lo afirma la oposición, los ciudadanos del común o autoridad local o regional alguna; lo afirmó una institución neutral e imparcial que cumple, entre otras funciones, una labor humanitaria en el país.
Y tiene toda la razón Caraffi; desafortunadamente, Colombia no es un país en posconflicto y desafortunadamente, también, la situación se ha deteriorado en los últimos años, como se evidencia en la actualidad en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Magdalena, que sufren los embates de los grupos guerrilleros que “hacen lo que le viene en gana”, ante la ausencia del Estado.
En el país hay ocho conflictos armados, tres de grupos contra el Estado y otros cinco entre diferentes grupos, lanzando una alerta que debe ser atendida con prontitud ya que Colombia todavía necesita ayuda humanitaria, lo anterior sin contar que en en 2016 se había salido por fin de décadas de conflicto armado con la paz con las Farc. Todo como siempre una farsa y una mentira.
Organismos como la Cicr tienen el privilegio de de estar en el terreno, obteniendo de primera mano la verdad del conflicto con todas sus consecuencias humanitarias han comenzado a subir, en forma preocupante y alarmante en los últimos años.
Al firmar el acuerdo de paz, los grupos armados fueron más rápidos que el Estado en ocupar los territorios que dejó las Farc y tampoco se han reparado las raíces históricas que han propiciado el conflicto en el país: falta de infraestructura, servicios y oportunidades.
Los desplazamientos, confinamientos, asesinatos de líderes sociales y homicidios selectivos y desapariciones forzosas han aumentado progresivamente y los primeros 5 meses de 2024 no han sido una excepción. Esta semana, el Cicr publicó una actualización de su informe anual y se muestran cifras bastante preocupantes: "hubo un aumento del 101 % de víctimas de confinamiento de los primeros 5 meses del 2024 comparado a los primeros 5 meses de 2023; un aumento del 49 % del número de víctimas de desplazamiento masivo; un aumento de víctimas de artefactos explosivos del 35 %.
Son cifras alarmantes en un momento en que el Gobierno de Gustavo Petro ha emprendido una campaña por la 'paz total' donde desarrolla tres mesas de negociación: con el Elb, y con las dos disidencias de las Farc, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
No habría necesidad de lo que el Gobierno de Colombia llame a una 'paz total' si no hubiese conflictos armados, que supuestamente quedaron solucionados en el gobierno de Santos Calderón y, por otro lado, el hecho que haya negociaciones no impide que hoy en día haya comunidades, individuos, que sufren y que este país necesite ayuda humanitaria.
Los ceses al fuego pactados en estas mesas -uno de ellos es ya el alto al fuego más largo negociado con el Eln- tampoco parecen haber repercutido en las cifras, por lo que se debería ir a pactar medidas más concretas para aliviar la situación. Es evidente que si se comienza por hablar de todas las medidas necesarias que podrían ser útiles para reducir el sufrimiento, eso tendría un impacto marcado muy positivo para esas comunidades y es una responsabilidad de todos los sectores armados hacer todo lo necesario para reducir este sufrimiento.
Está claro que en la época casi todo el país estaba sufriendo consecuencias por los conflictos armados. Hoy en día hay una parte del país, la parte central, que no está sufriendo por las consecuencias, pero hay muchas partes del país donde la situación material, la situación sistémica, no ha cambiado y en esos años sí se han intensificado las consecuencias de los conflictos armados.
